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Lovera señaló que sus defendidos fueron procesados por violación a la ley de armas, porque la Fiscalía cuestionó el hecho de que ellos hayan proveido armas a la firma Monital, que a su vez las entregó a los guardias. En aquel entonces, se argumentó que los guardias necesitan un permiso especial, con el que no contaban.
Por esta razón, tras la muerte del joven, la Policía Nacional abrió un sumario para estudiar el caso de Monital, para la que incluso se pidió suspensión por un año. Sin embargo, el sumario que concluyó en noviembre pasado, eximió de responsabilidad a la empresa, debido a que la ley de armas no estaba plenamente vigente en la fecha en que ocurrieron los hechos, pues en aquella época se encontraba en proceso de adecuación. “Nosotros ya presentamos escritos explicando nuestra postura respecto a Fretes y Castillo, lo habían imputado por violación de la ley de armas y esta fue la hipótesis porque entregaron las armas al jefe de patrulla y este a su vez, entregó a los guardias. La imputación dijo que los guardias portaban armas sin autorización, pero a partir de declaración de testifical de los policías que hacían el control, se concluyó que a la fecha del hecho no les era exigible las portaciones que hacían referencia los órganos de fiscalización”, explicó Lovera.
El defensor destacó además, que la familia llegó a un acuerdo civil con la firma Monital, tras lo cual la querella desistió de impulsar la acción.
“Monital llegó a un acuerdo civil con la familia y esto motivó que esta familia, en febrero desistiera de su querella. Ellos presentaron un escrito donde hacen un análisis del caso y sostiene que después de verificar lo que se reunió hasta este momento, dicen que no hubo violación a la ley de armas”, Mauricio Benítez, universitario de 22 años, fue baleado en un vehículo familiar por guardias de Protek, el 15 de junio de 2017, en Puerto Botánico, al confundirlo con un ladrón.
En un principio, la Fiscalía imputó por homicidio doloso y violación a la ley de armas a los guardias Julián Herenio Benítez y Oscar Tomás Blanco Ozuna. Posteriormente, incluyó en el proceso a los directivos citados anteriormente, por violación a la ley de armas.
Hoy es la fecha fijada para la presentación de requerimiento conclusivo por parte del Ministerio Público.