Familiares del topógrafo recientemente fallecido en el Chaco en un operativo del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) iniciaron acciones legales contra la administración del ente, según informó ayer a ABC el representante legal, Abog. Hugo Waldino Lovera.
El grupo empresarial al que pertenece Tierra de Negocios, la firma que pide indemnización por Chino Cue, tiene antecedentes de sumarios por irregularidades, incluyendo una presunta evasión de impuestos. El accionista José Marcos Sarabia trató de justificar estos hechos, pero solo atinó a decir que investigaciones fueron “al azar”.
La empresa que está a punto de recibir US$ 13,7 millones del Estado por 10.300 hectáreas de Chino Cue firmó una declaración falsa en el acuerdo al que llegó con el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert); específicamente, en lo relacionado a los poderes sobre los cuales se basaron las compraventas de estas tierras y la legitimidad de las mismas.
Los empresarios del caso Chino Cue no logran explicar con qué fin compraron las tierras completamente invadidas por campesinos y que además tenían una fracción expropiada. Uno de ellos, José Marcos Sarabia, habló con ABC Color y aseguró que la intención no era hacer un “negocio” a costa del Estado. Dijo que creyeron que con el paso del tiempo los labriegos se retirarían del lugar.
El cuestionado político colorado Abog. Benjamín Adaro Monzón intentó quedarse con 2.232 Ha. de Chino Cue, un área que hasta hoy sigue a nombre de dos orientales, dueños originales de estas tierras. No son parte del “negocio” promovido por el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), por lo que el ente nada ha hecho para regularizar la situación de esta fracción.
Los empresarios brasileños Sarabia quisieron cobrar al Estado US$ 31 millones por 10.300 hectáreas de Chino Cue en 2009, apenas unos meses después de haber comprado esas tierras por US$ 6,1 millones. Pretendieron ganar 408% más de lo que habrían pagado, pero por dudas sobre la operación, el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) rechazó la propuesta.