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Funcionarios del referido instituto se comunicaron ayer con nuestro diario y confirmaron que el equipo de tres trabajadores que viajó la semana pasada al Chaco debía realizar intervenciones para obtener tierras. Es que la administración de Cárdenas busca recuperar lotes adjudicados a terceros para entregar a la empresa Tierra de Negocios SA (TNSA), con la que firmó el polémico acuerdo de “canje” (ver cuadro). La firma es de los hermanos Sarabia (José Marcos, Paulo Sergio, Antonio Ivar y otros) y está representada legalmente por Carlos Palacios, abogado del Grupo Cartes.
Según los datos, Cárdenas envió el jueves pasado a Perrens y a dos funcionarios más, María Elena Picado y Emiliano Servín, a una propiedad del distrito de Mariscal Estigarribia (departamento de Boquerón), al norte de la comunidad de La Patria. A pesar de ser una zona de picada, donde no hay líneas telefónicas, no se proveyó a la comitiva radios para comunicación y el vehículo en el que se estaba desplazando aparentemente no estaba en condiciones. Precisamente, la camioneta se descompuso y Perrens tuvo que ir caminando decenas de kilómetros en busca de ayuda; fue en ese trayecto que falleció.
El informe oficial del Ministerio Público habla de una muerte como consecuencia de arritmia por insuficiencia cardíaca, pero los familiares de Perrens señalaron que no hubo autopsia. En comunicación con nuestro diario, explicaron ayer que el cuerpo sin vida fue traído a la capital en un cajón cerrado y ni siquiera pudieron ver el rostro, por lo que dudan de la causa del fallecimiento.
En vista de estas dudas y ante las condiciones de trabajo a las que son sometidos los funcionarios que viajan al Chaco, los tres sindicatos que tiene el Indert prevén realizar el próximo martes una asamblea para decidir qué acciones tomar. Después del entierro de su compañero, los funcionarios, que pidieron el resguardo de identidad, resaltaron que el responsable directo de lo ocurrido es el presidente de la institución, empecinado en el canje de Chino Cue.
Tierras para canje
La directora de la Región Occidental del Indert, María José Acuña, confirmó a ABC que los funcionarios habían ido a verificar unas 20.000 hectáreas, en la zona de las tierras destinadas a TNSA. Dijo que las verificaciones en el Chaco se hacen siempre con todos los recursos que tiene el ente, pero en este caso no hubo radios pese a que ella viene solicitando los equipos hace tiempo. Así también, señaló que se está realizando el proceso de licitación para comprar nuevas camionetas.
Explicó además que la dirección a su cargo designa a las personas que viajan y son las áreas del taller y transporte las que se encargan de la verificación de vehículos.
“Fue una desgracia. Es lo único que te puedo decir. Desde mi lado, nosotros enviamos los pedidos y estamos colaborando con la Fiscalía en la investigación”, agregó. Indicó también que el ente se encargó de todos los gastos del sepelio y que la familia de Perrens recibirá el subsidio correspondiente.