El exfiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, y su esposa María Selva Morínigo soportan una acusación por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, ya que no podrían justificar más de G. 10.000 millones de su patrimonio. Asimismo, tienen pedido de comiso de bienes como un inmueble, camionetas, ahorros y activos en empresas.
El diputado liberal Milciades Duré evitó ser juzgado por un el negociado de tierras en el Indert conocido como San Agustín, y para el efecto argumentó que poseía fueros porque fue electo para el Parlasur. Ni siquiera poseía la inmunidad al momento de presentar la excepción de falta de acción. Además, tanto fiscales como abogados, y hasta un legislador rechazan que deba ser desaforado de nuevo.
Cynthia Centurión Amarilla fue beneficiada con una desestimación de denuncia por presunto planillerismo en la Justicia Electoral, que luego fue rectificado por el Ministerio Público tras la oposición de una jueza a que todo quede en el oparei. La mujer reconoció en su indagatoria que es doméstica en la residencia de Guadalupe Aveiro, exesposa del senador colorado Víctor Bogado.
El senador colorado Javier Zacarías Irún y su esposa Sandra McLeod, intendenta renunciante de Ciudad del Este, dejaron de ser protegidos. Soportan ahora imputación por no declarar todos los bienes que poseen, además que la ex jefa comunal tiene otra causa por lesión de confianza. El parlamentario es considerado funcionario comunal “ad honoren” desde 2008 y se pidió la reapertura de su causa de enriquecimiento.
El caso de un escandaloso audio donde un alto funcionario del Tribunal Superior de Justicia Electoral detallaba la manipulación en carga de votos del TREP está por quedar en el oparei. La Fiscalía no encontró indicios de fraude ni manipulación del sistema informático en el escrutinio de votos.
La Subsecretaría de Estado de Tributación confirmó una inconsistencia de nada menos que G. 7,6 billones entre lo que declararon miembros del clan familiar de Óscar González Daher, exsenador colorado preso en la Agrupación Especializada, y los movimientos bancarios y de bienes (inmuebles y rodados).
El fiscal Leonardi Guerrero acusó a dos funcionarios de la Municipalidad de Asunción por uso de documento no auténtico, debido a que no apelaron un fallo arbitral favorable a Ivesur. El agente, empero, no pudo hacer lo mismo con relación al principal investigado, el contralor Enrique García, quien se escuda en sus fueros.
En causas emblemáticas, no pasa una semana sin que imputados recurran a recusaciones de fiscales para intentar frenar el proceso. El último en utilizar esta técnica es Justo Cárdenas Nunes, expresidente del Indert, que fue imputado por la fiscala Natalia Fúster, al igual que sus tres hijos, por no poder justificar G. 2.600 millones y otros movimientos millonarios. La recusación que hasta ahora “duerme” en la Sala Penal de la Corte es la de María Estefanía González, quien imputó al exfiscal general del Estado Javier Díaz Verón y lo envió preso.
El exsenador colorado Óscar González Daher logró apartar al fiscal que lo imputó por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero y lo envió a prisión. Tras frustrarse una recusación, el político logró con una maniobra que René Fernández se inhibiera de su cuñada, quien ingresó a defender a un presunto testaferro del exlegislador preso.