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La fiscala de Delitos Económicos Claudia Morys desestimó el 27 de junio pasado una denuncia por presunto cobro indebido de honorarios que hizo la Coordinadora de Abogados del Paraguay hace dos años en base a una investigación periodística de ABC Color, que expuso que otra doméstica del legislador cartista era asalariada del Estado.
De acuerdo a los antecedentes, en junio del 2016 un equipo periodístico de nuestro diario pudo comprobar y demostrar que la funcionaria del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) Cynthia Centurión Amarilla en realidad trabajaba como empleada de la casa familiar del acusado Víctor Bogado (quien soporta otro proceso conocido como “niñera de oro”), donde residen su exesposa Guadalupe Aveiro (diputada colorada cartista suplente por Capital) y sus hijas.
La investigación comprobó que Cynthia cumplía con los requerimientos de la familia, como ir a cargar gas, llevar encomiendas e inclusive hacer de chofer.
Además, en la vía pública periodistas de nuestro diario le consultaron si era funcionaria del TSJE, a lo que respondió que sí y dicho eso emprendió una rauda carrera en una camioneta Toyota Hilux, color negro, rumbo al local del Registro Electoral, ubicado sobre la calle Río Tebicuary c/ Pedro Juan Caballero, de la ciudad de Lambaré.
Una vez en el lugar, la que se presentó como su jefa en ese entonces, Lourdes Villalba de Fonseca, dijo que Centurión “llegó un poco tarde nomás porque estaba con algunos problemas personales” y en ningún momento dijo que la funcionaria no estaba obligada a cumplir horario.
Para pedir la desestimación de la denuncia y “archivar” el caso, la fiscala Morys indicó que la pericia de los teléfonos que utilizaba la funcionaria del TSJE certificado con el informe técnico de las celdas de ubicación, no pudo corroborar la ubicación exacta de la mujer, en horario laboral.
“No se pudo establecer con exactitud la ubicación de los números de celulares en cuanto al horario laboral en el Registro Electoral de Lambaré, desde el mes de enero hasta junio del año 2016, en los días martes a viernes en el horario comprendido de 13:00 a 19:00 y los días lunes, domingo y feriados de 7:00 a 13:00”, e desprendía del pedido de desestimación.
También la investigadora señalaba que el informe técnico tampoco pudo establecer que esas líneas estaban en el domicilio de Guadalupe Aveiro.
A esa prueba técnica se sumaron declaraciones testimoniales de Dominga Amarilla Duarte y Martha Beatriz Barrios de Ocampos, jefas del Registro Electoral de Lambaré, quienes no hicieron otra cosa que defender a la sospechada.
Las jefas, por ejemplo, admitieron que son flexibles con el control del horario laboral, de asistencia y llegadas tardías porque todos los funcionarios trabajan inclusive sábados, domingos y feriados. Asimismo, dijeron que Cynthia Centurión salía de la dependencia a realizar inscripción de electores.
Por otra parte, Dominga Amarilla justificó las escasas inscripciones que hizo (6 en 4 meses), diciendo que las mismas ya son automáticas. Asimismo, dijo que hay “superpoblación” de funcionarios y que esto hace que “generalmente en meses no se tengan inscripciones”.
Oposición y rectificación
La jueza penal de garantías N° 2 Alicia Pedrozo dio trámite de oposición al pedido de desestimación de la denuncia contra Cynthia Centurión Amarilla y reenvió la causa a la fiscala Claudia Morys.
La agente de la Unidad Especializada de Delito Económicos y Anticorrupción rectificó su petición. Alegó que debe agotar todavía algunas diligencias investigativas, por lo que la pesquisa penal continuará.
Mandados
En junio de 2016, un equipo periodístico de ABC Color confirmó que Cynthia Centurión Amarilla realizaba mandados y labores de chofer para la familia del senador colorado Víctor Bogado, con un sueldo como inscriptora de la Justicia Electoral.
Denuncia
La Coordinadora de Abogados del Paraguay, donde estaba al frente la actual diputada Kattya González, denunció penalmente la presunta comisión del hecho punible de cobro indebido de honorarios en la Unida de Delitos Económicos.
Archivo
El 27 de junio pasado, la fiscala Claudia Morys pidió la desestimación de la denuncia contra Cynthia Centurión Amarilla. Alegó que no se pudo comprobar a través de las celdas de su teléfono celular cuál era su ubicación exacta en horario laboral.
Oposición
La jueza Alicia Pedrozo se opuso a desestimar la causa e imprimió el trámite de oposición previsto en el artículo 314 del Código Procesal Penal. El caso reenvió a la fiscala Morys, quien rectificó su postura y alegó que todavía realizará diligencias investigativas.
Acusado en caso “niñera de oro”
El senador colorado cartista Víctor Bogado soporta actualmente un proceso por estafa (en calidad de autor) y cobro indebido de honorarios (cómplice) en el caso conocido como “niñera de oro”.
Desde mayo de 2015, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia dilata un conflicto de competencia de jueces y está pendiente la segunda audiencia preliminar.
La jueza María Gricelda Caballero rechazó la inhibición de su colega Óscar Delgado, quien dio intervención al abogado José Ignacio González Macchi como uno de los defensores de Bogado y luego se apartó por amistad con éste.
La magistrada indicó en su impugnación que no acreditó tal amistad, y que si esto es cierto, Delgado no debía dar intervención a González Macchi porque no era el primer abogado y el legislador tiene otros dos representantes legales.
Ya en una primera audiencia preliminar, el entonces juez de la causa, Julián López resolvió elevar el caso a juicio oral y público pero luego la Cámara de Apelaciones, con votos de Emiliano Rolón Fernández (en ese entonces integrante de una terna para ministro de la Corte), Mirtha González de Caballero y Carlos Ortiz Barrios, anuló esa elevación.
En este proceso, el Ministerio Público presentó imputación el 23 de octubre de 2013 contra Víctor Bogado, la niñera Gabriela Quintana Venialgo y Miguel Ángel Pérez, jefe de gabinete del entonces diputado.
El 4 de junio de 2014, la Fiscalía acusó y pidió la elevación a juicio oral y público. Ya pasaron cuatro años sin que se pueda definir siquiera el juzgamiento.
Según la acusación del Ministerio Público, Gabriela Quintana percibía primero un salario de G. 1.300.000 en Diputados, en el 2008. Luego fue nombrada como funcionaria permanente de la Cámara Baja en 2010, cargo que desempeñó hasta setiembre de 2013, con un salario de G. 13.237.400. En febrero de 2013 fue contratada en Itaipú y recibió una paga mensual indebida de G. 8.739.300. Fue “comisionada” al Congreso a pedido de Bogado, quien sabía que no cumplía horarios y por esto fue incluido en el proceso.
Tras el escándalo, se rescindió el contrato de Gabriela Quintana en la binacional y la mujer devolvió G. 71 millones cobrados ilegalmente.
Un “mecánico” con fortuna sin justificar
Miguel Ángel Carballo es más conocido como el “mecánico de oro” y su vinculación estrecha con el senador colorado Víctor Bogado, genera sospechas de que se trataría de un presunto testaferro.
El hombre admitió su planillerismo en el Ministerio de Justicia, donde fue comisionado desde la Municipalidad de Asunción y además, resultó imputado por una fortuna que no puede justificar.
Carballo zafó de su caso de planillerismo con la devolución de G. 100 millones y donaciones al cabo de dos años.
Actualmente intenta evitar su prisión preventiva en el caso de enriquecimiento ilícito en la función pública, cuya alta expectativa de pena (10 años de cárcel) hace que el hecho punible sea un crimen.
Carballo atacó el Auto Interlocutorio (A.I.) N° 141 de fecha 17 de abril de 2018 que dictó el Tribunal de Apelación primera Sala, integrado por los camaristas Pedro Mayor Martínez, Gustavo Ocampos y Gustavo Santander, que anuló la audiencia en la que el juez Miguel Tadeo Fernández, le otorgó el arresto domiciliario y dispuso que la diligencia se vuelva a realizar. Hasta ahora esto no es resuelto.
Los bienes
El proceso por presunto enriquecimiento ilícito de Miguel Ángel Carballo cuenta con embargo de millonarios bienes que éste no podrían justificar con su sueldo en la función pública.
Según la fiscala Josefina Aghemo, el mismo no pudo demostrar cómo pudo comprar un Shopping, por más de G. 1.900 millones (en los papeles, porque saldría en realidad US$ 3 millones), lujosas viviendas y vehículos. Tampoco puede comprobar cómo hizo un préstamo de US$ 300.000 a la diputada Cinthia Tarragó, a quien demandó para poder cobrar el dinero y contrató al abogado Francisco Segura, quien a su vez era uno de los defensores de Víctor Bogado.
En una entrevista Carballo negó conocer a Segura, pero el mismo letrado a renglón siguiente confirmó que conoce desde hace mucho tiempo al “mecánico de oro” y que es su amigo.
Este caso de enriquecimiento ahora están en manos del fiscal Nelson Ruiz, debido a que Aghemo resultó trasladada a la Unidad de Delitos Informáticos al poco tiempo de haber presentado la imputación contra Carballo.
griselda@abc.com.py