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La última “víctima” de la técnica a la que se recurre para entorpecer causas es la fiscala de Delitos Económicos y Anticorrupción Natalia Fúster Careaga, quien resultó recusada un día después de imputar, ordenar la detención y pedir la prisión preventiva de Justo Pastor Cárdenas Nunes, extitular del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert).
La agente fue recusada por “enemistad manifiesta” por el mismo Cárdenas un día después de haberlo imputado, tras un año de investigación en donde Cárdenas no se sintió agraviado por su trabajo.
Bajo patrocinio del abogado Rodolfo Gubetich, el extitular del Indert alega entre otras cosas, que la agente no tuvo en cuenta que se puso a disposición de la investigación desde el inicio y pese a eso decretó su detención. A su vez, dice que no ordenó una pericia solicitada por su parte, y finalmente, que filtraba informaciones al diario ABC Color.
La agente fiscal rechazó los términos de la recusación en contra, debido a que la imputación fue dada en base a elementos probatorios recabados, a los que la defensa también tuvo acceso.
La imputación
El extitular del Indert Justo Cárdenas Nunes no podría justificar G. 2.644.701.082. Conforme a un cuadro comparativo, entre el 2008 y 2018 tuvo un ingreso de G. 5.364.894.000 y egresos de G. 8.009.595.082, por lo que no estaría en condiciones de justificar la diferencia.
Asimismo, Cárdenas registró un egreso total de G. 1.731.722.052 en concepto de compra de inmuebles, ya sea de forma directa, a nombre de sus hijos o a través de empresas de las cuales él es socio mayoritario.
Según la agente fiscal, el mismo también utilizó a sus hijos y a sus empresas para la compra de millonarias acciones, costosos inmuebles y lujosos vehículos por G. 8.009.595.082.
Con relación a inmuebles, Cárdenas canceló en poco menos de tres años un préstamo hipotecario pagando aproximadamente, entre el capital y los intereses, la suma de G. 439.354.052. A su vez, el 8 de marzo de 2014, adquirió un inmueble en la compañía Loma Merlo de Luque, por G. 200 millones, al contado.
Hijos, por lavado de dinero
Los hijos del expresidente del Indert, Justo Pastor y María Alexandra Cárdenas Pappalardo y Allan Israel Cárdenas Rodríguez, fueron incluidos en el caso como coautores del lavado de dinero. Los tres tienen pedido de medidas alternativas a la prisión.
Los tres también están imputados por supuestas compras millonarias y la conformación de dos sociedades (Agroindustrial Ganadera JPC SA y MS Servicios y Tecnología SA), además de aperturas de cajas de ahorro con cheques de su propio progenitor.
Dice la fiscala Natalia Fúster, que lo hicieron con la “finalidad de ocultar o disimular el acrecentamiento patrimonial de su padre”.
Respecto a los movimientos, se tiene que el 30 de julio de 2014, Justo Pastor Cárdenas Nunes y Justo Pastor Cárdenas Pappalardo, padre e hijo, respectivamente, constituyeron la sociedad anónima denominada Agroindustrial Ganadera JPC, con un capital social inicial de G. 1.000.000.000. En el acto de constitución de la sociedad se emitió, suscribió e integró en efectivo el capital social que llega a G. 250.000.000. Esta suma fue integrada de la siguiente forma: Cárdenas Nunes G. 200.000.000 y Cárdenas Pappalardo, que cuando entonces tenía apenas 19 años, G. 50.000.000.
Un año antes, inclusive, Cárdenas Pappalardo adquirió un vehículo de la marca Kia modelo Cerato del año 2014 al contado, pagando por el mismo US$ 23.140, que en ese entonces totalizaba G. 103.153.700.
Al momento en que Justo Cárdenas Pappalardo adquirió un vehículo e integró capital, que totalizan la suma de G. 153.153.700, era recientemente nombrado en el Poder Judicial con el cargo de auxiliar jurisdiccional y apenas percibía la suma mensual de G. 2.744.000.
También, Cárdenas Pappalardo adquirió una camioneta marca Isuzu por US$ 28.500 o sea G. 161.794.500, en el 2014.
María Alexandra Cárdenas Pappalardo, por su lado, entregó en efectivo la suma de G. 200.000.000 en concepto de aporte de capital social, a cambio de acciones ordinarias por igual valor, consistentes en 20 acciones de G. 10.000.000.
Llamativamente, ese mismo tiempo y al contado, la joven compró de la firma Gorostiaga Automóviles un vehículo de la marca Hyundai modelo Accent del año 2011, por la suma de USD 11.000, que totalizaban la suma de G. 52.118.000.
Por su parte, Allan Israel Cárdenas Rodríguez, hijo mayor de Cárdenas Nunes, pagó en efectivo G. 200.000.000 en concepto de aporte de capital social sin siquiera tributar en la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), y a cambio de acciones ordinarias, cuando cobraba un salario de poco más de G. 3 millones como funcionario de la Corte Suprema de Justicia.
Pidió prisión
La fiscala Natalia Fúster solicitó la prisión preventiva para el expresidente del Indert Justo Pastor Cárdenas (2013-2018) por supuesto enriquecimiento ilícito en la función pública y lavado de dinero. La agente fue recusada un día después de imputar y ordenar la detención del implicado y es interinada por su colega Sussy Riquelme.
Los hijos
Los hijos de Justo Cárdenas, Justo Pastor y María Alexandra Cárdenas Pappalardo, y Allan Israel Cárdenas Rodríguez están imputados por supuestamente ocultar bienes de su progenitor. Saltaron compras millonarias de vehículos y camionetas 0 km e inmuebles, al contado, cuando estos solo tenían entre 18 y 23 años de edad.
Eximición y pericia
Con paradero desconocido, Justo Cárdenas Nunes solicitó la semana pasada la eximición de su detención fiscal al juez Humberto Otazú. También pidió la nulidad de imputación y nulidad de admisión de la imputación. El abogado Andrés Casati, por Justo Cárdenas hijo, se presentó y solicitó la pericia contable de los bienes.
Corte dilata confirmar a agente
La fiscala María Estefanía González envió a prisión a su exjefe, el ex fiscal general del Estado Javier Díaz Verón y por unos días a la esposa de este, la abogada María Selva Morínigo, quien ahora tiene arresto domiciliario.
La investigadora imputó a la pareja el 13 de agosto de este año por supuesto enriquecimiento ilícito en la función pública y lavado de dinero, pero resultó recusada seis días después, el 16 de agosto, por uno de los hijos del matrimonio, Alejandro Díaz Morínigo, pero nunca fue resuelta esta cuestión.
El 19 de agosto, la Fiscalía General del Estado confirmó a la agente fiscal en la causa, mientras designó como interina a Carmen Gubetich de Cattoni.
Sin embargo, Alejandro Díaz Morínigo volvió a recusar a González ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, que desde finales de agosto dilata expedirse sobre la impugnación presentada.
Mientras tanto, la causa es llevada ahora por otras fiscalas interinas: Silvana Otazú, Clara Ruiz Díaz y Natalia Silva.
El exfiscal general del Estado sigue privado de su libertad en la cárcel militar de Viñas Cue, tras varios intentos de excarcelación.
De acuerdo a los antecedentes, Javier Díaz Verón y su esposa no podrían justificar un patrimonio de unos G. 6.000 millones.
La imputación señala que el ex fiscal general tiene una diferencia de 1.147.058.591 guaraníes que no puede justificar, y corresponden a los años 2014, 2015, 2016 y 2017, y no provendrían de sus fuentes legítimas, y su esposa, millonarios aportes societarios.
Fernández, el menos querido
El menos querido por políticos implicados en hechos de corrupción es el fiscal René Fernández, de la Unidad Especializada de Delitos Económicos.
Uno de los antecedentes claros y más dilatados tiene que ver con el caso de la “niñera de oro”, Gabriela Quintana Venialgo.
El agente abrió junto a tres colegas la causa que incluye al senador Víctor Bogado (ANR, cartista), que afrontará juicio oral en abril de 2019.
El proceso se inició el 25 de octubre de 2013, y lleva cinco años de chicanas y con riesgo de prescripción.
El 28 de mayo de 2014, el mismo Víctor Bogado recusó al fiscal René Fernández y sus colegas Liliana Alcaraz, Claudia Criscioni (hoy jueza de sentencia) y José dos Santos, ante una inminente acusación debido a que Quintana ya había sido acusada.
Inexplicablemente, esa recusación contra el titular de la causa “durmió” nada menos que 3 años y 4 meses en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.
Todo ese tiempo, las defensas se turnaron para chicanear y dilatar tanto la causa, que para junio del año próximo corre riesgo de prescripción.
OGD lo sacó
El exsenador colorado Óscar González Daher logró hace dos semanas, mediante una maniobra, que René Fernández se aparte de su causa de enriquecimiento ilícito. El agente lo envió a prisión y el político tentó primero una recusación que no le funcionó, pero después hizo intervenir a la cuñada del agente como abogada de un supuesto testaferro suyo, Pedro Martínez Silva.
Dos unidades fueron recusadas
El proceso para coimputados junto a Luiz Carlos da Rocha, alias Cabeza Branca (preso en Brasil), tiene la particularidad de recusación contra todos los fiscales de la Unidad Especializada de Tráfico de Drogas y Crimen Organizado y la Unidad Especializada de Delitos Económicos, que totalizan unos 18 agentes fiscales.
El proceso, de esta forma tuvo, que ser derivado a la Unidad Especializada de Delitos Informáticos, a cargo de Irma Llano, pero esta resultó recusada y actualmente la causa pasó con Elva Cáceres, de la Unidad Antidrogas, ya que fue confirmada.
Llano, antes de salir del caso y en un hecho casi inédito, recusó al juez penal de garantías N° 12 Julián López por dar intervención a prófugos de la justicia que chicanean desde la clandestinidad.
De acuerdo a los datos, miembros de la banda de Luiz Carlos da Rocha que estaban litigando prófugos de la justicia recusaron a todos los fiscales de esas Unidades.
Finalmente, el juez Julián López se apartó del caso cinco días después de su recusación, sin haberle dado curso al requerimiento fiscal.
Los prófugos que litigan estando rebeldes son Rafael Pigozzo Rocha, Bruno César Payão Rocha, Liz Agustina Benítez de Arévalos, Arnaldo Luis Arévalos Sanabria, Nadir Drusila Ibarra Vda. de Alves y Luis Carlos Aguilera Cardozo, imputados por lavado de dinero, asociación criminal y otros hechos punibles y están declarados en rebeldía. Con sus cómplices, Da Rocha habría armado un esquema de empresas para lavar plata proveniente del narcotráfico.
Alcanzó hasta al fiscal general
En setiembre de 2017, la Sala Penal de la Corte Suprema confirmó a doce agentes fiscales recusados en la causa por los destrozos e incendios del Congreso Nacional, ocurrido el 31 de marzo del mismo año.
Entre los recusados inclusive estuvo el entonces fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, lo que es una muestra de cómo se abusa con el recurso.
Luis María Benítez Riera y los entonces ministros Sindulfo Blanco y Alicia Pucheta y Luis María Benítez declararon inadmisible la recusación planteada por Richard Daniel Chamorro.
Este había alegado que los agentes, empezando por su titular, Díaz Verón, respondían al expresidente de la República, Horacio Cartes. Con relación al titular del Ministerio Público, indicó en ese entonces que su hermano Pedro Díaz Verón era intendente de Caazapá y tenía una abierta postura a favor de la reelección de Cartes; pero esto no es pasible de recusación alguna, dice la Corte.
Además de Díaz Verón, fueron confirmados el fiscal adjunto Roberto Zacarías y los agentes fiscales Raquel Fernández, Liliana Zayas, Eugenio Ocampos, Aldo Cantero, María Estefanía González, Jorge Noguera, Hernán Galeano, Yolanda Portillo, Liliana Lorena Ledesma y Giovanni Grisetti.
Esta causa se elevó para Stiben Antonio Patrón, Roberto Rojas González, Nelly Carlota Cortesi y Marlene Tatiana Orué León. Además, se dieron una decena de sobreseimientos definitivos, entre ellos al senador Paraguayo Cubas, dos suspensiones condicionales y una condena de siete meses que ya fue compurgada por Silvio Romero.
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