Acusaron a dos funcionarios y no al contralor general

El fiscal Leonardi Guerrero acusó a dos funcionarios de la Municipalidad de Asunción por uso de documento no auténtico, debido a que no apelaron un fallo arbitral favorable a Ivesur. El agente, empero, no pudo hacer lo mismo con relación al principal investigado, el contralor Enrique García, quien se escuda en sus fueros.

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El fiscal de Delitos Económicos y Anticorrupción tuvo que presentar el requerimiento de juicio oral y no pudo incluir a García, entonces director jurídico de la Municipalidad de Asunción, porque el proceso se anuló con relación a este, porque no fue desaforado.

Según la acusación, la Municipalidad de Asunción debió apelar el laudo de condena en tiempo y forma, debido a que se determinó el pago indemnizatorio de G. 18.975.014.366 (US$ 3,6 millones) a favor del consorcio Ivesur SA. 

“La presentación del escrito de recurso de nulidad fue encomendada por el director de asesoría jurídica abogado José Enrique García, al señor Rolando Duarte, funcionario municipal de servicio en el cargo de ujier y bajo dependencia del Departamento de Asesoría Jurídica de la Municipalidad de Asunción.

Duarte, en fecha 6 de octubre de 2016 a las 11:59, se encontraba en sede de la Municipalidad de Asunción; y según el sello de cargo de recepción del escrito de recurso de nulidad en la primera sala del Tribunal de Apelaciones civil y Comercial de la Capital, se vislumbra, que fue recibido por un funcionario judicial a las 11:20; lo cual se traduce –según las reglas lógicas– en cumplimiento imposible; que el señor Rodolfo Duarte haya presentado el escrito del recurso de nulidad a las 11:20 y regresado en transporte público a la Municipalidad de Asunción, y que a las 11:59 esté en el municipio capitalino, lugar en donde realizó una llamada telefónica, cuya circunstancia se constata de acuerdo al registro de llamadas telefónicas solicitados a la empresa telefónica Telecel SA correspondiente al número telefónico ...992, perteneciente a Rodolfo Duarte, el cual da cuenta por la ubicación de las antenas, que a las 11:59 realizó una llamada telefónica al número ...955, y que él mismo, en la fecha y hora arriba mencionadas, se encontraba en sede municipal (sic). 

Además, es necesario contrastar el recorrido de Rolando Duarte, el cual fue trazado por esta Fiscalía a fin de corroborar si los tiempos y lugares coinciden con los datos aportados por Rodolfo Duarte; que en cuanto al tiempo que hace al traslado en transporte público, como punto de partida el Palacio de Justicia –Sajonia– hasta la Municipalidad de Asunción, se hizo exactamente en una hora, la misma se verifica a fojas 522; por lo que, se concluye que el día 6 de octubre de 2016, Rodolfo Duarte no presentó ante el Tribunal de Apelación Civil y Comercial, Quinta Sala ni ante la Primera Sala, el recurso de nulidad. 

La afirmación precedente surge y es reforzada con certeza en base a las declaraciones testificales brindadas por la actuaria judicial de la primera sala del Tribunal de Apelación Civil y Comercial de la Capital, abogada Viviana Cabrera, quien refirió que la firma estampada en el sello de cargo no le pertenece, y conforme a averiguaciones realizadas por la misma, no pertenece a ningún funcionario de ninguna de las diferentes salas del Tribunal de Apelaciones.

Se procedió a la realización de la pericia caligráfica a todos los funcionarios de las diferentes salas del Tribunal de Apelación Civil y Comercial, y arrojó que los trazos de la firma y las letras impresas en el sello no pertenecen a ninguno de los 21 funcionarios; no así el sello de recepción y el sello de cargo de forma ovalada, los cuales fueron sometidos a pericia sellocaligráfica y dieron como resultado que, sí se pertenecen.

De igual manera fueron sometidos a pericia caligráfica los imputados Julio González y Rodolfo Duarte y se concluyó que la firma y las escrituras del llenado en el sello de cargo tampoco pertenecen a los mismos”.

Sondearon para antedatar escrito

En la acusación del fiscal Leonardi Guerrero aparecen declaraciones de diferentes funcionarios judiciales de las salas del Tribunal de Apelación Civil, Comercial y Labor de la Capital, a quienes sospechosamente se les sondeó la posibilidad de antedatar escritos a cambio de un “premio”.

La jefa de la sección de mesa de entrada del Poder Judicial, abogada Martha Machuca, refirió que a dos funcionarios suyos se les acercaron dos sujetos de sexo masculino a preguntar si cabía la posibilidad de antedatar un escrito e indicaron que en caso de ser positivo, había un “premio”. 

“Se cuenta con la declaración testifical de María Asunción Méndez Berino, quien dijo que la misma fue consultada por un sujeto de sexo masculino, que parecía ser un abogado y que estaba acompañado por otro sujeto de sexo masculino, que parecía ser su secretario, sobre si se podía antedatar un escrito. Ante la respuesta de que no era posible, ambos se retiraron”, se desprende de la acusación fiscal.

Asimismo, se indica que otro funcionario, Salvador María Balbuena Silva, relató que cuando se fue al sanitario se le acercó una persona de sexo masculino a consultarle si era factible antedatar un escrito, sin mencionar el juicio, y que si era posible habrá premio; a lo que el funcionario respondió que eso no era posible, por lo que comunicó de lo acontecido a su superior inmediato, la abogada Martha Machuca. Esta funcionaria, de mayor rango, por su parte declaró sobre esta situación y también explicó que los juicios sobre laudos deben ser previamente desinsaculados (sorteados), con presencia de los actuarios con un acta labrada y rubricada por los mismos.

Se intentó una acumulación

La Municipalidad de Asunción alegó que lo que hubo fue una “mala presentación” del escrito de apelación del fallo arbitral, que se planteó en la Primera Sala del Tribunal de Apelación Civil y Comercial, y no ante la Quinta Sala.

Para corregir esta circunstancia, en fecha 11 de octubre de 2016 el entonces asesor jurídico Enrique García, le solicitó al abogado Julio González que redacte un escrito de acumulación de expediente, a efectos de que el escrito de nulidad sea agregado al juicio de laudo arbitral, que obra en la Quinta sala del Tribunal de Apelación Civil, Comercial y Laboral. 

“Julio González, a sabiendas de que Rodolfo Duarte presentó en otra sala el escrito del recurso de nulidad, elaboró el escrito de pedido de acumulación y nuevamente fue Rodolfo Duarte quien fue a llevar el mencionado escrito y presentó ante la Quinta Sala”.

Ante el pedido, la Quinta Sala requirió el informe sobre el recurso de nulidad y la actuaria judicial Viviana Cabrera, informó al presidente del Tribunal de Apelaciones, doctor Marcos Riera Hunter, que el escrito de recurso de nulidad no fue presentado en su secretaria y conforme indagaciones realizadas por la misma, tampoco fue presentado en ninguna de las demás salas del Tribunal de Apelaciones Civil y Comercial de la Capital.

De esta forma, el caso tomó notoriedad pública porque la misma actuaria advirtió que el escrito con sello de cargo que presentó la comuna, tenía una firma suya falsificada.

Se anuló proceso por los fueros

La defensa del contralor general Enrique García logró anular el proceso con relación al caso, gracias a un fallo en la Cámara de Apelaciones que determinó que para ser pasible de un proceso penal, debe ser desaforado mediante un juicio político. El juicio político nunca prosperó en el Congreso Nacional y por eso no afronta esta causa.

De acuerdo con los datos, el 21 de marzo de este año la jueza Lici Sánchez aceptó procesar a García y a los coimputados, pero la defensa apeló ya que alegó que el contralor tenía inmunidad procesal. Tras una recusación contra la magistrada Sánchez, el caso fue al juzgado de Paublino Escobar, quien a su vez rechazó un incidente de nulidad de actuaciones.

La Cámara de Apelaciones le dio la razón al abogado Álvaro Arias, y en mayoría, anuló el proceso.

Los camaristas Gustavo Santander y Pedro Mayor Martínez votaron por anular el caso ya que consideraron que los funcionarios que solo pueden ser removidos del cargo por juicio político no pueden ser procesados hasta que sean destituidos por el referido mecanismo constitucional. Resultó disidente el tercer integrante, el camarista Gustavo Ocampos.

La fiscala interina del caso, Yolanda Portillo, presentó una acción de inconstitucionalidad que sigue pendiente de resolución en la Corte. La agente alega que la inmunidad de Enrique García es equiparada a la de un magistrado, y que solo es “inmunidad de opinión y arresto”, no así de proceso.

griselda@abc.com.py

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