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René Fernández fue el fiscal que causó un revuelo el 23 de agosto pasado cuando allanó la casa de Óscar González Daher en la ciudad de Luque, en la búsqueda de la empresa Príncipe Di Savoia y generó toda un aluvión de apoyo ciudadano por animarse a indagar al poderoso expresidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.
Esa intervención fue la primera muestra que dio el Ministerio Público de que esta vez no se iba a proteger al cuestionado político, quien se salvó de varios procesos en más de 20 años.
Pese a las críticas porque Fernández no concretó el allanamiento debido a que González Daher llegó al domicilio raudamente tras abandonar una sesión ordinaria, el agente fiscal siguió con la investigación y finalmente lo imputó junto con su hijo Óscar Rubén González Chaves, por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, ordenó su detención y pidió prisión preventiva. Esto sucedió el 24 de setiembre pasado.
Al día siguiente, el fiscal ya fue recusado junto a su colega Liliana Alcaraz por González Daher. Al poco tiempo, ambos fueron confirmados por la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez.
Sin embargo, antes de que la resolución quede firme se impugnó ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, pero solo con relación a René Fernández, no así Alcaraz, quien sigue interviniendo.
La máxima instancia judicial resolvió el pasado 6 de noviembre rechazar la recusación contra el fiscal de Delitos Económicos y Anticorrupción.
Sin embargo, lo hizo cuando la maniobra que buscaba su apartamiento se concretó.
La jugada consistió en presentar a una abogada con la que el investigador tiene afinidad.
Esto aconteció cuando fue citado a declarar en indagatoria el funcionario de la Cámara de Senadores, Pedro Martínez Silva, accionista de la empresa Príncipe Di Savoia –quien sería en realidad testaferro del exlegislador– y este se presentó con Noris Pedrozo, cuñada de René Fernández, debido a que es la hermana de su esposa.
Así fue como después de que la Corte rechazara la recusación, el expediente llegó de nuevo al despacho del fiscal con la maniobra concretada.
El agente fiscal, según explicó, está obligado a apartarse por el artículo 50 del Código Procesal Penal porque el hecho se encuadra en el “segundo grado de afinidad” y la ley le prohibe intervenir de esta forma. Señaló que las causales previstas son por cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad.
De esta forma, González Daher logró apartar de su camino al fiscal que lo estorbaba y al que inclusive llegó a denunciar penalmente tras su imputación.
El investigador soporta una pesquisa por supuestamente filtrar información a la prensa sobre su causa y usar el informe de Seprelad para imputarlos. La causa está a cargo de su colega Natalia Silva.
Pidió su prisión y lo consiguió
El fiscal René Fernández al momento de formular imputación por enriquecimiento ilícito en la función pública, lavado de dinero y declaración jurada falsa, pidió la prisión preventiva de Óscar González Daher y su hijo, Óscar Rubén González Chaves.
El 24 de setiembre, el juez Humberto Otazú envió a ambos a la Agrupación Especializada y pese a que intentaron su libertad, hasta ahora están en ese lugar, aunque con privilegios.
Un informe de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) dio inicio a la investigación por un reporte de movimientos de G. 8 billones (unos US$ 1.500 millones) del clan familiar.
De acuerdo al escrito de imputación, se dieron millonarios movimientos de dinero que hizo Óscar González Chaves a través de varias cuentas bancarias, y su padre aparece como firmante de al menos dos.
Justamente el entonces concejal luqueño obvió poner en su declaración jurada de bienes de 2016 las millonarias sumas.
La imputación también reveló las declaraciones juradas falsas de los dos y la identificación de 67 inmuebles, de los más de 125 que se le atribuye al clan familiar.
En cuanto a los movimientos millonarios, González Chaves solo declaró que tenía tres cuentas bancarias y la suma de G. 230.000.000. Sin embargo, en un solo banco (Sudameris) posee seis cuentas, de acuerdo a la imputación de René Fernández. En esa entidad cuenta con certificados de depósitos de ahorros (CDA) en dólares (US$ 1.500.000, US$ 118.000 y US$ 200.000, y en guaraníes de 3.750.000.000.
Además, en el Banco Atlas tiene CDA por valores de G. 2.500.000.000 y US$ 1.100.000. Mientras que en Itaú posee cuenta corriente en dólares y dos CDA por valor de G. 500.000.000 cada uno.
Óscar González Daher también obvió declarar lo que en realidad posee en nueve declaraciones juradas que presentó entre los años 2001 y 2018. “En todas las declaraciones antes mencionadas ha señalado como datos de su cónyuge, a la escribana Nélida Josefina Chaves, siendo el régimen patrimonial el de mancomunión de bienes, situación que no ha variado hasta la fecha”, se desprende de la imputación.
Así, los números llamaron la atención porque no posee separación de bienes con su esposa, la notaria Nélida Chaves.
Se agrega que informes proveídos por los bancos Sudameris y Atlas revelaron que la mujer tuvo activas cinco cuentas y operaciones de CDAs en el primero y en el segundo una caja de ahorros; con valores varias veces millonarias, haberes que no fueron expuestos en ninguna de las declaraciones juradas citadas, correspondiendo dichos valores, en un 50% al funcionario Óscar González Daher. En total, Chaves movió más de G. 15 mil millones en alquileres, honorarios profesionales e intereses por CDA.
Causa continúa con Liliana Alcaraz
La investigación por enriquecimiento ilícito en la función pública, lavado de dinero y declaración falsa queda a cargo ahora de la fiscala Liliana Alcaraz, de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción.
La agente fiscal realiza varias diligencias, entre ellas pericia contable de los bienes y haberes de Óscar González Daher y su hijo Óscar Rubén González Chaves, presos en la Agrupación Especializada.
Uno de los informes que arrojará más evidencias a la causa es de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET).
El 29 de agosto pasado, el Ministerio Público solicitó las fiscalizaciones puntuales de los tributos de Óscar González Daher, de su empresa Príncipe Di Savoia SA y de cinco familiares cercanos, ante el descomunal movimiento de G. 8 billones.
De acuerdo a informes preliminares, el trabajo que realiza la SET estaría revelando una desmesurada evasión impositiva, que podría terminar con la imposición de una multa muy elevada.
Puntualmente se fiscalizan el IVA (Impuesto al Valor Agregado) e Iracis (Impuesto a la Renta Comercial, Industrial o de Servicios) de la inmobiliaria “fantasma” Príncipe Di Savoia; así como el Iragro (Impuesto a las Rentas de las Actividades Agropecuarias) e IRP (Impuesto a la Renta Personal) de Óscar Rubén González Chaves, y de su padre Óscar González Daher, su IVA e IRP. Asimismo, la fiscalización del IRP de María Emilia González Chaves, otra de las hijas del político, de los impuestos IVA e IRP del hermano de éste, Mario Ramón González Daher; de Fernando Ramón González Karjallo y de Delcia María Karjallo de González, ambos con respecto al IRP.
Allanó su casa
El 23 de agosto de este año, el fiscal de Delitos Económicos René Fernández allanó el domicilio del entonces senador colorado Óscar González Daher, ubicado en la ciudad de Luque. El agente se fue a comprobar la dirección de la empresa que sería “fantasma” Príncipe Di Savoia, pero no pudo concretar su procedimiento porque el legislador alegó fueros.
Pidió su prisión
El 24 de setiembre pasado, el agente fiscal René Fernández imputó por enriquecimiento ilícito en la función pública, declaración falsa y lavado de dinero a Óscar González Daher y su hijo, Óscar Rubén González Chaves, y pidió prisión, que fue concretada por el juez Humberto Otazú, quien los envió a la Agrupación Especializada.
Recusado y denunciado
Un día después de haber imputado, la abogada Sara Parquet, defensora de González Daher, recusó por “odio” a René Fernández. La Fiscalía General y la Corte lo confirmaron, pero ahora se apartó. El agente está denunciado penalmente por el exlegislador y es indagado por su colega Natalia Silva.
Afronta, a su vez, otra investigación
El fiscal René Fernández, además de haber sido recusado por supuesto “odio”, debiendo finalmente apartarse a raíz de una maniobra, soporta a su vez una investigación penal por la imputación al exsenador Óscar González Daher y su hijo Óscar Rubén González Chaves.
El exsenador y expresidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados logró que se investigue al agente con la excusa de que filtró a la prensa un informe de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) y haber utilizado esto para su imputación.
Ese trabajo había revelado el movimiento escandaloso de dinero de todo el clan familiar, que llegaba a los G. 8 billones (unos US$ 1500 millones) en solo cinco años.
La Fiscalía General del Estado decidió abrir la investigación contra René Fernández y se designó a Natalia Silva, quien realiza diligencias en torno al caso.
Pese a la pesquisa abierta, el denunciado no fue molestado con una citación de su colega.
La abogada Cecilia Pérez fue una de las denunciantes del hecho en octubre pasado, y en esa ocasión dijo que el investigador reveló secretos privados del exsenador a la prensa y utilizó un informe de la Seprelad para llegar a una imputación.
“Se han venido publicando incluso informes confidenciales que debían ser resguardados, informes referidos a nuestros bienes, lo cual puede ser mal utilizado en grave perjuicio de nuestra familia”, se consignó en la denuncia.
También en audios
El fiscal René Fernández también fue recusado en el emblemático caso de tráfico de influencias del exsenador Óscar González Daher, debido a que fue designado para indagar los audios filtrados por ABC Cardinal desde diciembre del año pasado, que no entraron en la primera imputación del exlegislador.
El agente fue confirmado por la Fiscalía General del Estado, pero esa decisión se apeló ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, que dilata expedirse al respecto.
griselda@abc.com.py