“Bienvenidos los que vienen a defender el planeta”, decía un enorme cartel en el aeropuerto Charles de Gaulle de París, la ciudad sede de la Cumbre del Clima, la XXI Conferencia Internacional sobre Cambio Climático (COP21, por sus siglas técnicas). En quienes llegaban se depositaba la esperanza de un acuerdo que diera respuestas a preguntas decisivas: ¿Hacia dónde va una sociedad que nunca está satisfecha? ¿Cómo evitar un aumento superior a 2º centígrados en la temperatura global? ¿Cómo ayudar a quienes se encuentran desamparados debido a la devastación ambiental producida por el cambio climático? El mundo esperaba de la cumbre un acuerdo imprescindible para transitar hacia una sociedad sin emisiones de gases de carbono. La cumbre fue, en verdad, una convocatoria ética en busca de un proyecto de transformación radical de las relaciones del hombre con el planeta.
La Corte Suprema de Justicia ha sentado la doctrina según la cual ese tribunal puede dictar sentencias declarativas con alcance de certeza constitucional. De acuerdo con esa doctrina, más allá de los mecanismos básicos de control constitucional (acción de inconstitucionalidad y excepción de inconstitucionalidad), la Corte Suprema tiene atribuciones para resolver casos concretos en los que exista alguna duda acerca de la interpretación o aplicación de una norma constitucional, descartando los casos hipotéticos o especulativos. En caso de duda o incertidumbre, la intervención de la Corte Suprema de Justicia –sostiene el tribunal– se vuelve necesaria y eficaz para asegurar el imperio de la Constitución mediante la determinación del sentido de ciertas disposiciones constitucionales.
América Latina ha experimentado con frecuencia, a lo largo de su historia, oleadas de transformaciones políticas. El inicio del siglo XXI no parece que vaya a ser una excepción. En los últimos años, un elenco heterogéneo de figuras políticas pertenecientes a lo que podría identificarse como “la izquierda” ha accedido al poder en muchos países de la región.
El gobierno de Dilma Rousseff enfrenta el más temido escenario político: se inició el proceso que puede desembocar en el juicio político a la jefa de Estado. El diputado Eduardo Cunha, presidente de la Cámara Baja y dirigente del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), aceptó el pedido de enjuiciamiento que habían presentado dos destacados juristas brasileños en octubre último. Todo empezó pocos días atrás cuando el Partido de los Trabajadores (PT), socio del PMDB en la alianza oficialista, reveló que votaría en la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados a favor de que se investigue a Cunha, sospechado de varios delitos, entre ellos el cobro de múltiples sobornos en el marco del escándalo de corrupción de Petrobras. Inmediatamente después, Cunha se apresuró a anunciar oficialmente que dio curso favorable al pedido de juicio contra Rousseff. Conmovida por los hechos, la presidenta Dilma Rousseff explicó su posición ante la ciudadanía brasileña con una declaración desde el Palacio de Planalto: “Tengo la convicción absoluta de la improcedencia de ese pedido”, sostuvo. “No he realizado ningún acto ilegal”, destacó con énfasis.
Según el destacado sociólogo y politólogo Manuel Mora y Araujo, la sociedad argentina es bipolar. La analogía sugerida remite, claro está, a un individuo que pasa con facilidad de la euforia a la depresión, del optimismo al pesimismo. De acuerdo con su diagnóstico, la sociedad argentina muestra fuertes cambios en corto tiempo respecto de las valoraciones y las expectativas de gran parte de la población. Esa bipolaridad puede ser entendida, dice Mora y Araujo, como una pauta de comportamiento secuencial, en la que un estado de ánimo sigue a otro y exhibe, a la larga, cierta circularidad. En el plano político, esa bipolaridad se manifiesta claramente en la extendida propensión a apoyar un gobierno con entusiasmo para odiarlo profundamente tiempo después.
Si observamos el mapa de Oriente Medio, veremos que las organizaciones terroristas se han convertido en una fuerza letalmente poderosa en un amplio territorio que comprende gran parte de Irak y Siria. Esa zona se encuentra bajo la égida de ISIS (Estado Islámico de Irak y el Levante, por sus siglas en inglés). Su mismo nombre delata su intención: construir un Estado islámico en Irak y Siria, sin compartir el poder con nadie.
La palabra griega demokratia se compone de otras dos: demos, que quiere decir “pueblo”, y kratos, que quiere decir “poder”. Por lo tanto, traducida al castellano, significa “poder del pueblo”. Ahora bien, más allá del significado de la antigua palabra, ¿cómo funciona (o debería funcionar) la democracia moderna? Un joven lector me planteó el desafío de responder a esa pregunta en el contexto del proceso electoral que se desarrolla. Según me dijo en tono de confesión, no sabía por qué ni para qué votar. Haré, pues, el intento de ofrecer una explicación wiki (breve, sencilla, acotada) sobre el funcionamiento y el valor de la democracia.
Las Fuerzas Armadas tuvieron una participación decisiva en la caída de la dictadura en 1989. A partir de entonces, y durante la primera década del proceso democrático, las fuerzas armadas desplegaron un poder especial, cuyas figuras dominantes fueron el general Andrés Rodríguez y el general Lino César Oviedo. A partir de 1989, la democracia paraguaya se vio sometida a enormes presiones provenientes de ciertos sectores de la Asociación Nacional Republicana (ANR) y de las Fuerzas Armadas, las que tuvieron como consecuencia principal la crisis militar de 1996, con el enfrentamiento entre el presidente Juan Carlos Wasmosy y el general Lino César Oviedo, convertido ya entonces en influyente actor político en las cuestiones internas de la ANR. El pase a retiro del general Oviedo en 1996 y su posterior procesamiento y condena por sedición en 1998, desencadenaron la cruenta crisis institucional que terminó con la presidencia de Raúl Cubas Grau en 1999. Aunque la democracia superó con problemas la crisis de 1999, quedó afectada por ella, tanto como en 1996. Las crisis militares e institucionales mencionadas no fueron detenidas, principalmente, por unas Fuerzas Armadas decididas a defender la democracia, sino por las fuertes presiones de la comunidad internacional.
Pocos días atrás, un enorme cargamento de más de 17.000 kilos de marihuana prensada fue incautado por la Prefectura Naval de la Armada en una pequeña isla del río Paraná, a pocos kilómetros de Corateî, Misiones, en la frontera con Argentina. El valor del cargamento incautado ronda los 34.000.000 de dólares. Este es el segundo mayor cargamento de marihuana decomisado en la historia del país. En primer lugar se ubica un cargamento de 26.000 kilos incautado en septiembre del año pasado en Capitán Bado, Amambay. En el transcurso de este año se han registrado otras cinco grandes incautaciones, que suman 69.500 kilos de marihuana: 16.700 y 10.200 kilos en Misiones, 16.500 y 13.100 kilos en Central y 13.000 kilos en Cordillera. Estos datos prueban claramente que miles y miles de kilos de droga se producen y circulan en territorio paraguayo.
Algunos rumores pueden ser devastadores. “Imagínense un pueblo muy pequeño donde vivía una señora vieja con dos hijos adolescentes”, dijo Gabriel García Márquez en el Ateneo de Caracas, en mayo de 1970. “Estaba sirviéndoles el desayuno cuando los hijos advirtieron que le ocurría algo”, continuó diciendo el genial escritor. “He amanecido con el pensamiento de que algo muy grave sucederá en este pueblo”, advirtió apesadumbrada la mujer de la historia. Los hijos se rieron de ella y dijeron que eran presentimientos de vieja.