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Las operaciones fiscales por las que se acusa a Rousseff son prácticas del Tesoro brasileño que consisten en mejorar artificialmente el estado de las cuentas públicas mediante el retraso de la transferencia de fondos para beneficios sociales y subsidios. El resultado son cuentas artificialmente equilibradas que exhiben menos gastos. En los hechos, no se demoraron los pagos de los servicios sociales, sino que fueron cubiertos por los bancos públicos, que luego le cobraron intereses al Gobierno. Tales maniobras configuran, según la acusación, operaciones de financiamiento o préstamo de los bancos públicos al Gobierno, lo cual está prohibido por la ley de responsabilidad fiscal. A este procedimiento se le llama en Brasil “pedaleada” y representa, en principio, una transgresión a la ley, aunque esa transgresión también fue cometida por todos los gobiernos que precedieron al actual, desde el de Fernando Henrique Cardoso en adelante.
Una enorme incertidumbre política se cierne sobre Brasil. En simultáneo, su economía va de mal en peor. Según acaba de revelar el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), la recesión se profundizó durante el tercer trimestre de este año. El dato llega cuando el gobierno de Dilma Rousseff hace todo tipo de esfuerzos políticos para que la base aliada del PT supere sus divisiones y el Congreso apruebe un demorado paquete de ajuste fiscal que consiga equilibrar las cuentas públicas. Mientras tanto, otros indicadores económicos que afectan directamente a la población continúan en franco deterioro: depreciación, inflación y desempleo. El propio IBGE reconoció que la incertidumbre política que vive el país, en medio de escándalos de corrupción y de pedidos de juicio político a la cada vez más impopular mandataria, afectó sustancialmente el desempeño económico. Con estos resultados, y luego de haber entrado en recesión técnica a mitad del año, Brasil acumula una reducción significativa de su Producto Interno Bruto. Los analistas prevén que la actividad económica mantendrá o agravará su mal desempeño hasta finales de 2015 y que el escenario continuará negativo durante 2016. En pocas palabras, la economía brasileña seguirá en caída y recesión.
Creo que Brasil vive una de las crisis más graves de su historia reciente: una combinación letal de crisis política, ética y económica. La presidenta Dilma Rousseff debe adoptar cuanto antes las medidas necesarias para evitar que el país que ha producido uno de los mayores milagros económicos de las últimas décadas se precipite en una espiral de graves consecuencias para sus habitantes, para la región y para el mundo. Si es necesario, debe irse.
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