Comencemos por el concepto de Víctima establecido por las Naciones Unidas: “A la persona que individualmente o colectivamente, ha sufrido daño incluyendo lesiones, sufrimiento emocional o perdidas económicas, físicas o mentales así como afectado gravemente sus derechos fundamentales o a través de actos o leyes que violen leyes criminales por miembros del Estado, incluyendo aquellas que prohiben el uso criminal del poder”.
El crecimiento del Ministerio Público se dio. El Poder Judicial también, pero ha crecido en manera desmedida, no existiendo juzgados en varios departamentos del país para atender las causas. Además hay una desproporción entre las sedes del Ministerio Público y los juzgados de la República.
En cuanto a las experiencias innovadoras en implementación de mecanismos y herramientas para alcanzar mayores estándares de acceso a la justicia y fortalecer la relación sistema de justicia/ciudadanos en el Paraguay, podríamos decir que se inició con el proceso de reforma judicial y con la aprobación de la Constitución Nacional del año 1992, en donde se perfila un nuevo sistema judicial, congruente con principios del sistema de Gobierno republicano, social y democrático de derecho como lo establecía nuestra Carta Magna de entonces, en razón de que debemos comprender el contexto histórico del Paraguay, en el cual estuvimos sumergidos en un gobierno dictatorial durante 35 años, sumergiéndose también nuestro sistema de justicia en el más oscuro y perverso sistema represivo e inquisitivo, siendo cómplices los operadores de Justicia de entonces de prisiones políticas, confesiones a base de torturas para justificar procesos ilegales y otros tipos de coacciones a efectos de buscar culpables para presentarlos a la sociedad.