Al menos diez parientes en la función pública tiene la senadora liberal Zulma Gómez, que este sábado comienza su tercer periodo en el cargo. En total, solamente en ingresos fijos mensuales, ellos cuestan al Estado paraguayo más de G. 1.600 millones anuales, sin contar con el aguinaldo o los viáticos que reciben. Además, entre el 2008 y 2018, ella también se benefició con costosos viajes.
El diputado Nazario Rojas (ANR, cartista) dijo ayer que el fiscal Díaz Verón es una víctima y que hay una persecución a dirigentes colorados que le podía alcanzar a cualquiera. Afirmó que nombrar parientes y amigos, como hizo el fiscal en el Ministerio Público, es normal. Señaló que hace un buen trabajo.
Además de salvarle de la justicia uruguaya a Francisco Nicolás Sarubbi Brizuela, rechazando su extradición para afrontar un proceso por supuesto tráfico de drogas a través de la Unidad de Asuntos Internacionales, el fiscal general, Javier Díaz Verón, ubicó a varios parientes del sospechoso en el Ministerio Público.
SAN BERNARDINO, Dpto. de Cordillera (Desiré Cabrera, de nuestra redacción regional). El intendente de esta ciudad, Luis Aguilar Ríos (PLRA), ubicó en la Municipalidad a diez de sus parientes, entre directos y políticos, con lo que transgredió la Ley 5295 que prohíbe el nepotismo en la función pública. La mayoría ocupa puestos claves dentro de la estructura comunal.
Óscar Leoncio Ayala, director general de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) de la Honorable Cámara de Diputados, con un salario de G. 25.227.900, aprovechó su posición para ubicar a su parentela. Su esposa, su hijo, su exesposa y un excuñado figuran en la nómina de funcionarios del cuerpo legislativo, según la verificación realizada por nuestro diario.
Familiares del diputado colorado por el departamento de San Pedro Freddy D’Ecclesiis estarían con intenciones de quedarse con 200 hectáreas de la colonia San Rafael, ubicada en el distrito de Sargento José Félix López, departamento de Concepción. Además, supuestamente el diputado Alsimio Casco (ANR), quien encubre a algunos ocupantes del terreno que serían fieles al presunto narco Jarvis Chimenes Pavão y a la diputada Ramona Mendoza (PLRA), utilizaría a prestanombres para quedarse con 500 hectáreas de la nueva colonia.