La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) dispuso una investigación de oficio a la licitación para la operación de los puestos de peaje. La resolución fue emitida el lunes de esta semana.
La definición de la licitación para la privatización de la operación y administración de los puestos de peaje permanecerá en “stand by” hasta que no se aclare la situación del oferente que mintió en su oferta para ganar la adjudicación. Se trata de la empresa uruguaya Ramón C. Álvarez, que obtuvo esta licitación consorciada con CDD (César Daniel Delgado).
Mientras no firme el contrato para la operación de 13 puestos de peaje, el Ministerio de Obras Públicas está a tiempo de cancelar la adjudicación, sin incurrir en responsabilidad, según la Ley de Contrataciones Públicas. La adjudicación en cuestión se hizo a favor de un consorcio integrado por una empresa que mintió en su oferta durante la evaluación.
El jueves último, justo antes del feriado, el ministro de Obras Públicas, Ramón Jiménez Gaona, emitió la resolución 2115 por la cual adjudica la administración y operación de 13 puestos de peaje a Concesionaria de Peajes del Paraguay, integrado por CDD (César Daniel Delgado) y Ramón C. Álvarez, una empresa uruguaya investigada en otro caso.
El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) contrató a la empresa Ramón C. Álvarez SA, de Uruguay, para una obra de US$ 65 millones, pese a los antecedentes de incumplimientos que la firma tiene en su país. Publicaciones de periódicos uruguayos dan cuenta de los numerosos cuestionamientos hacia la compañía, que consorciada con la paraguaya CDD Construcciones, obtuvo una millonaria adjudicación para rehabilitar y pavimentar el tramo San Juan Nepomuceno-Ruta 6.