La Ley Nº 5625/16, que autoriza al Poder Ejecutivo a modificar y ampliar en forma directa, sin licitación, el contrato de concesión por 30 años otorgado a la firma Tape Porã SA en la Ruta 7, rompería el principio de igualdad y libre competencia consagrado en la Ley 2051 de Obras Públicas.
Representantes del consorcio Tape Porã, beneficiado con una cuestionada ampliación para la explotación de la Ruta VII por 30 años más, aseguraron a ABC Cardinal que las obras de ampliación de esa vía se estarían iniciando en el último trimestre de 2016.
La propuesta de renovación de la concesión al consorcio Tape Porã, de un tramo de 113 kilómetros de la Ruta VII por un plazo de 30 años, debe tratarse hoy en la Cámara de Senadores. Los interesados proponen duplicar la referida ruta, manteniendo la misma cantidad de puestos de peaje.
El ensanche del tramo de la Ruta VII hoy explotado por Tape Porã generaría peajes más altos si las obras no fueran ejecutadas por este consorcio, porque tendría un costo adicional, pues por los derechos que posee hoy exigiría lo que dejará de percibir hasta el 2023 si ingresara otra firma a hacerlo, según técnicos del sector.
Con sospechosa rapidez se otorgó media sanción en Diputados a un proyecto de ley que prorroga por 30 años la concesión de un tramo de la Ruta VII, a favor del consorcio Tape Porã, en el que el padre del ministro de Obras, Ramón Jiménez Gaona, es accionista. Mientras, otras empresas nacionales y extranjeras compiten para obtener la concesión de otro tramo por APP.