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Tape Porã tiene la concesión de un tramo de la Ruta VII desde 1998 y su contrato con el Estado finaliza recién en 2023. El año pasado, presentó a la Secretaría Técnica de Planificación (STP) un proyecto de alianza público-privada para duplicar un tramo de 113 kilómetros, a cambio de que se le renovara la concesión, esta vez por 30 años. Mientras ese proyecto sigue en la STP, en estos días y con sospechosa rapidez obtuvieron en la Cámara de Diputados media sanción para la renovación por ley, obviando concursos de oferta.
Tape Porã es un consorcio de empresas en el que el padre del actual ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Ramón Jiménez Gaona, es accionista.
El proyecto aprobado en Diputados, y que en su momento se presentó a la STP, prevé la duplicación del tramo comprendido entre el kilómetro 183 y el kilómetro 296, así como la recuperación, conservación, operación y explotación del mismo tramo durante los 30 años que dure la nueva concesión.
Esto quiere decir, que de aprobarse la iniciativa, Tape Porã se quedaría con la administración de 113 kilómetros de la Ruta VII hasta el año 2053.
Sospechosamente, a ese proyecto se le otorgó media sanción tan solo días después de ser planteado. Se presentó en mesa de entrada el 4 de diciembre y el 16 del mismo mes ya tenía media sanción.
Normalmente el estudio de un proyecto de ley lleva entre tres y seis meses después de que este se presenta ante la mesa de entrada de la Cámara. Ahora, el proyecto debe estudiarse en la Cámara de Senadores.
Mientras, otras firmas vialeras compiten...
Tape Porã, ligada a Jiménez Gaona, podría obtener la renovación de su concesión por 30 años, mientras el Ministerio de Obras Públicas acaba de lanzar la licitación para duplicar otro tramo de la Ruta VII, que se conecta con la Tuta II, pero por el sistema APP.
Esta licitación tiene un riguroso procedimiento de selección, durante el cual los consorcios y empresas que presentan oferta deben demostrar capacidad técnica y financiera para hacerse cargo. El que resulte adjudicado obtendrá la concesión para duplicar la ruta y recuperar la inversión a través del cobro de peaje.
Exactamente lo mismo que obtendría Tape Porã, pero sin necesidad de competir, y a siete años de que finalice su actual contrato.