En los últimos días se generaron diversos robos, entre ellos el caso de robo de cables en la Costanera de Asunción. Al respecto el abogado, José Casañas Levi fue consultado sobre si es necesario cambiar el código procesal penal para que el delincuente tema a una pena más elevada. A su criterio, al estado paraguayo le falta una política criminal que se enfoque en la prevención, normativas, y sanciones. Observa que la corrupción en el sistema facilita que delincuentes se aprovechen y no sean castigados.
A más de trece años de la presentación de la acusación y pedido de juicio oral para el exministro del Interior Walter Bower y los policías Merardo Palacios y Osvaldo Vera, el proceso se encuentra en el mismo estadio procesal: en espera de la realización de la audiencia preliminar. Si bien el Código Procesal Penal establece que, una vez presentada la acusación, las partes deben ser convocadas para la audiencia preliminar en la que se debe resolver la elevación o no a juicio en un plazo no menor de diez días ni mayor de veinte días, en esta causa esta disposición es sencillamente letra muerta. Las chicanas son numerosas, pero sanciones no hay ninguna.
Del relato cronológico de las actuaciones obrantes en las documentales traídas a la vista, se puede visualizar que:
El septuagenario argentino Roberto Antulio Fionna, cuya extradición es requerida por la justicia brasileña por tráfico de drogas, seguirá preso en la cárcel. Así lo resolvió el Tribunal de Apelación, 2ª sala, al ratificar una resolución dictada el 9 de setiembre último por el juez José Agustín Delmás.
La Fiscalía de Delitos Económicos pidió a la justicia medidas alternativas a la prisión para el fiscal Rubén Villalba. “Se solicita que al imputado le sean aplicadas las siguientes medidas alternativas a la prisión preventiva: prohibición de salir del país; fianza personal o real suficiente; prohibición de acceder a la Unidad Fiscal N° 7 de la Sede I de la Capital (despacho y secretaría); comparecencia mensual ante el Juzgado de Garantías”, refiere el escrito.
La Corte Suprema confirmó en la plenaria de ayer a la jueza de Ciudad del Este, Graciela Flores, quien tiene cuatro denuncias ante el Jurado de Enjuiciamiento, una de ellas presentada por la propia máxima instancia judicial por favorecer a un procesado por tráfico de cocaína. Los ministros ignoraron los pésimos antecedentes de la magistrada y la ratificaron en el cargo.