El Ministerio Público solicitó una condena de 3 años y seis meses para el exasesor jurídico de la Municipalidad de Asunción José Enrique García, por supuesta producción y uso de documentos no auténticos en el caso Ivesur en el que se ordenó a la Comuna capitalina a pagar a la compañía casi G. 19.000 millones. El juicio oral proseguirá el martes 13 de junio, con los alegatos finales de la defensa.
La Sala Constitucional de la Corte hizo lugar a una medida cautelar solicitada por la Fiscalía General y, por ende, será el Tribunal de Cuentas el que tenga la prioridad de auditar la gestión de Sandra Quiñónez. En la práctica, esta resolución deja fuera de acción a la Contraloría General.
El abogado Julio Orlando Giménez González tampoco se presentó ayer a declarar en el caso de uso de documento público de contenido falso con el que se intentó justificar la falta de apelación del fallo arbitral que condenó a la Municipalidad de Asunción a indemnizar US$ 3,6 millones a la firma Ivesur.
La fiscala Liz Nadine Portillo fue enjuiciada y suspendida ayer en sus funciones por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), por supuesto mal desempeño de funciones en el caso Ivesur. Se le cuestionó que no imputó al entonces director jurídico de la municipalidad de Asunción y actual contralor, Enrique García.
La fiscala Nadine Portillo cajonea evidencias contra el contralor Enrique García para no imputarlo en el caso Ivesur. Es la denuncia de miembros de la Junta Municipal de Asunción, que dicen que se busca blanquear al exasesor jurídico.
Los abogados Juan Ernesto Villamayor y Sergio Coscia, en representación de la firma Ivesur, presentaron nueve urgimientos a la Corte en los expedientes en los cuales se tienen que resolver la apelación inexistente de la Municipalidad de Asunción contra un fallo arbitral que la condenó a pagar US$ 3,6 millones a la referida empresa. El caso salpica al actual contralor, Enrique García.