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Por voto en mayoría de los ministros Myriam Peña y José Raúl Torres Kirmser, la sala constitucional de la Corte Suprema hizo lugar a la medida cautelar solicitada en la acción de inconstitucionalidad que había planteado la fiscala general, Sandra Quiñónez. Con ello se suspenden los efectos de la Ley Nº 2248/2003, que modifica el artículo 30 de la Ley N° 879 del 2 de diciembre de 1981 Código de Organización Judicial”, hasta que se resuelva la acción.
El fallo deja expresa constancia de que la medida dispuesta es sin perjuicio de las funciones o facultades que correspondan a la Contraloría General de la República, en la forma determinada por la Constitución y las leyes. Sin embargo, en la práctica la Fiscalía General tiene la potestad de enviar los documentos al Tribunal de Cuentas para el juzgamiento y lo que concluya será cosa juzgada, con lo que automáticamente pierde potestad la Contraloría.
La ministra Gladys Bareiro votó en disidencia. Argumentó que “el artículo 553 del Código Procesal Civil indica que la interposición de la acción de inconstitucionalidad no suspende los efectos de la ley impugnada, salvo cuando la Corte Suprema así lo dispusiere, porque su cumplimiento podría ocasionar al reclamante un perjuicio irreparable. Considero que en el presente caso no se evidencia peligro en la demora, ni que el cumplimiento de la disposición legal atacada pueda ocasionar perjuicio irreparable a la entidad solicitante”.
El contralor, Enrique García, convocó a una conferencia de prensa para hoy a las 7:50, con el objetivo de abordar como único punto el inicio de la auditoría a la Fiscalía General del Estado. Esto tendrá lugar en la sede de la Contraloría, situada en Austria casi Bélgica. El contralor García comunicó el lunes a la fiscala general que por Resolución CGR N° 843/18, se ha aprobado el Plan General de Auditorías de la Contraloría de la República para el año 2019. En la mencionada resolución, en el Artículo 1°, numeral 13, se estableció una auditoría al Ministerio Público, correspondiente al ejercicio fiscal 2018. Quiñónez y García están enfrentados desde que la fiscalía imputó al contralor en el caso Ivesur.