El abogado Claudio Bacchetta Chiriani sostuvo que trabajará por la “expansión” del organismo con la habilitación de oficinas del Consejo de la Magistratura en el interior del país para facilitar trámites a los abogados. Con esta entrevista nuestro diario inicia una serie de notas sobre los candidatos por el gremio de los abogados para el CM. Las elecciones se realizarán el 22 de enero.
El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) volvió a sesionar el martes de la semana pasada después de cuatro meses de inactividad en la que se sumió luego de la destitución del senador colorado Óscar González Daher como representante de la Cámara de Senadores ante el organismo. En la primera sesión luego de la parálisis institucional que soportó, el JEM empezó a trabajar bajo la presidencia de Adrián Salas, y la vicepresidencia de Enrique Riera Escudero, presidente del Consejo de la Magistratura.
El ministro de la Corte Luis María Benítez Riera y su colega Gladys Bareiro de Módica prometieron que no buscarían el rekutu en el cargo, pues se limitarían a cumplir cinco años de servicio porque son respetuosos de la Constitución Nacional. Hicieron esa promesa ante una comisión del Senado a fines del 2010, semanas antes de ser electos como miembros de la máxima instancia judicial. En cumplimiento de un acuerdo líbero-oviedista, Bareiro de Módica fue electa para cubrir la vacancia de José Altamirano, y Benítez Riera para llenar el cargo dejado por Wildo Rienzi Galeano.
El fiscal anticorrupción Martín Cabrera pidió juicio oral y condena con máxima pena para dos imputados que fueron acusados de haber cometido estafa en perjuicio de numerosas personas, de quienes obtuvieron más de 600 millones de guaraníes tras prometer empleos, previos pagos por montos millonarios. La acusación fue presentada en el Juzgado Penal de Garantías N° 4 de la ciudad de San Lorenzo. Los acusados son Benigno Martínez, paraguayo, de 50 años de edad, domiciliado en Ruta 1, Km. 21, Barrio San Miguel; y Elsa Concepción Chávez Centurión, paraguaya, de 41 años de edad, domiciliada en Capiatá.
El juicio político a tres ministros de la Corte comenzaría a reactivarse en el Senado al término de los procesos al contralor y la subcontralora. Recientemente el titular del Consejo de la Magistratura, Enrique Riera, pidió al presidente del Senado, Mario Abdo Benítez, fijar fechas para juzgar a tres miembros de la cúpula judicial.
La Conmebol concedió derechos exclusivos a perpetuidad a la empresa acusada de lavado de dinero T&T, del imputado José Hawilla, para la Copa Sudamericana. Pero también otorgó derechos para la Sudamericana (además de la Libertadores y la Recopa) hasta el año 2022 a la firma TyC de otro imputado, Alejandro Burzaco. Los contratos fueron firmados por el también imputado Dr. Nicolás Leoz. Napout prefiere no hablar de ellos.
Para fin de este año se perfilan cinco nuevas vacancias en la Corte Suprema de Justicia y un gran trabajo de selección de magistrados por parte del Consejo de la Magistratura, según recientes noticias del Senado y el calendario constitucional, que prevé el término de mandato de dos miembros de la máxima instancia judicial. De prosperar la nueva intención de los senadores, podrían ser enjuiciados y destituidos Sindulfo Blanco, César Garay y Óscar Bajac, quienes en diciembre del 2014 ya fueron acusados por la Cámara de Diputados, por mal desempeño.
La fiscala de delitos económicos y anticorrupción Yolanda Portillo, con ayuda de la Policía Nacional, envió a prisión a un abogado que realizaba gestiones judiciales y administrativas con firmas escaneadas o falsificadas de fiscales, jueces, ministros y altos funcionarios gubernamentales. Gracias a sus falsificaciones y engaños, el letrado logró alzarse con varias decenas de millones de guaraníes que le permitían llevar una vida lujosa. El ahora detenido era un verdadero profesional del engaño que convencía a sus víctimas haciéndose pasar por un influyente profesional en el Palacio de Justicia.
La justicia argentina dio trámite a dos demandas promovidas en Buenos Aires contra el Tratado de la Triple Alianza y una solicitud de 150 billones de dólares en concepto de indemnización de daños y perjuicio por genocidio contra el pueblo paraguayo. Así informó a nuestro diario el Dr. Alcides Molinas, director de la ONG local que promovió las demandas en Tribunales de la capital argentina con patrocinio de abogados. Tras la notificación de la apertura de las demandas, Brasil, Uruguay y Argentina deberán revelar si están de acuerdo en que los casos sean atendidos en Buenos Aires.
El Consejo de la Magistratura (CM) podría encargarse de la administración y control de los recursos de la administración de justicia porque es un organismo judicial y para ello se debe introducir modificaciones en la nueva ley que regulará las actividades de la Corte Suprema de Justicia, juzgados y tribunales del país. Tal fue el tenor del debate desarrollado la semana pasada por el Consejo Nacional de Reforma Judicial en torno al anteproyecto de la futura legislación, que no fue del agrado de los representantes del Poder Judicial ante el mencionado grupo de anteproyectistas que sesionó en la sede del Congreso Nacional.