La Coordinadora Agrícola del Paraguay (CAP) lamenta que el juez penal de Caaguazú, Abog. Ángel Rafael Baranda, haya beneficiado a un imputado por portación ilegal de armas de fuego (una de ellas usada por francotiradores) en el distrito caaguaceño de Tembiaporã. El gremio anuncia un “tractorazo” para repudiar esa acción de la Justicia y para exigir seguridad en el campo.
De lamentables y repudiables calificó la Asociación Rural del Paraguay (ARP) los recientes hechos criminales registrados en Alto Paraná, donde los productores casi no puedan trabajar por culpa de una permanente hostilidad violenta de invasores, que para actuar se amparan en el protocolo fiscal y policial, que ata de pies y manos a los reales propietarios, argumentan.
No fueron los campesinos los responsables de los asesinatos en los alrededores de Santa Lucía (distrito Itakyry, Alto Paraná), según afirmó ayer el presidente de la comisión vecinal de esa colonia, Artemio López Cabral, en conversación con este diario.
Ante el asesinato de dos trabajadores de campo en eventos diferentes, sucedido en Santa Lucía y Minga Porã, ambas zonas del departamento de Alto Paraná, la Asociación de Productores de Soja, Cereales y Oleaginosas del Paraguay (APS), presidida por Karsten Friedrichsen, emitió ayer un comunicado de repudio.
Unos 400 miembros de la Coordinadora Agrícola del Paraguay protestaron ayer contra la inseguridad en las zonas de producción. Responsabilizaron del asesinato de dos agricultores al presidente del Indert, Justo Cárdenas, y a los parlamentarios Wagner, Lugo y otros.