Para deslindar responsabilidades y marcar cierta distancia, otros gremios de camioneros reaccionaron tras la detención de varios líderes, por el supuesto pedido de una coima, a cambio de no cerrar rutas en lo que resta del actual gobierno. Al igual que varios de los ahora detenidos, coinciden en que Petropar debe comprar directamente el combustible, tal como lo establecía la ley que fue derogada ayer.
Un brasileño denunció haber dejado su aeronave en el aeropuerto Silvio Pettirossi tras los trámites correspondientes y que un funcionario de Migraciones le solicitó US$ 600. Se resistió a pagar y al volver encontró el parabrisas quebrado.
Casi seis meses después, el juez en lo civil y comercial de Caaguazú, Uvaldo Aquino González, puede ser procesado por un hecho de supuesta “coima” de US$ 30.000, que fue relevado tras un procedimiento encubierto realizado en el mismo despacho del magistrado, el 16 de noviembre de 2016.