La Cooperativa Cootrapar, en su momento accionista del 33,3% en Acepar, como socio del grupo del empresario italoargentino Sergio Tasselli, sacó un comunicado para condenar una vez más lo que consideran un saqueo de los recursos de la siderúrgica de Villa Hayes.
El empresario italoargentino Sergio Tasselli tiene, a nombre propio y de varias empresas ligadas a su grupo, reclamos totales por más de 100.000 millones de guaraníes (US$ 23,2 millones), que representan nada menos que el 43% de la deuda que ha llevado a la ruina a Acepar, siderúrgica que él presidió por casi diez años y que hoy el Estado quiere recuperar.
La Procuraduría General ha responsabilizado al juez Hugo Hernán Morán, del fuero Civil y Comercial (hoy ya suspendido por la Corte Suprema y sus antecedentes remitidos al Jurado de Enjuiciamiento), de haber violado tanto la Constitución (Art. 248) como las leyes del arbitraje al “meter por la ventana”, mediante una medida cautelar, a empresas de Sergio Tasselli como litigantes en un arbitraje donde el Estado y el consorcio comprador de Acepar, Cosipar, van a dirimir derechos sobre la citada siderúrgica.
Sergio Tasselli es un polémico empresario nacido en Italia y radicado en Argentina que llegó con su inversión a Paraguay en 1997, invitado por directivos de Cerro Lorito SA, que en noviembre de ese año se convirtió en uno de los accionistas de Acepar al integrar el consorcio Cosipar, comprador de la siderúrgica. Cerro Lorito SA tenía entonces como principales ejecutivos al Ing. Guillermo Stanley y el Arq. Juan Carlos Canese.
La empresa Tasser SA, de Sergio Tasselli, fue denunciada ante el Ministerio Público por la Subsecretaría de Tributación por una evasión de más de G. 13.000 millones. La fiscalía analiza la apertura de una investigación penal contra el empresario y otro socio.
Aunque el empresario ítalo-argentino Sergio Tasselli, extitular de Acepar, dice que la acería le debe unos US$ 22 millones, el interventor judicial de la empresa estatal, Ing. José Luis Vinader, confía en que eso va a ser neutralizado con la denuncia judicial que interpondrá en breve la Procuraduría. Esta acción será paralela al arbitraje solicitado por el Estado para recuperar la fábrica.