La Cámara de Senadores se sumó a lo que ya había hecho Diputados y exhortó al Poder Judicial e instituciones del Poder Ejecutivo a proteger la Ley de Seguridad Fronteriza y la donación de tierras a favor del Estado. Es en el marco de las 310.000 hectáreas ubicadas en el Alto Paraguay, que la exjueza Tania Irún transfirió a distintas empresas, lo que motivó su remoción como magistrada y la acusación fiscal por presunto prevaricato. En el máximo tribunal “duerme” una acción presentada por la exmagisgtrada contra la sentencia del Jurado de Enjuiciamiento.
La ministra de Defensa, María Liz de Arnold, manifestó su oposición al proyecto de ley de seguridad fronteriza que plantea que los municipios se ocupen de proteger dicha franja.