Archivan proyecto de seguridad fronteriza

La Cámara de Diputados aceptó el rechazo del Senado y remitió al archivo el polémico proyecto de ley que establece zona de seguridad fronteriza. La normativa reglaba la compra de tierras en zonas de frontera, por parte de ciudadanos de países vecinos.

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El proyecto de ley que modifica y amplía la Ley 2532/04 “que establece la zona de seguridad fronteriza de la República del Paraguay” fue enviado al archivo por la Cámara de Diputados.

La polémica propuesta pretendía establecer que, salvo autorización por decreto del Poder Ejecutivo, los extranjeros oriundos de cualquiera de los países limítrofes del Paraguay o las personas jurídicas integradas mayoritariamente en su capital o aportes por extranjeros oriundos de cualquiera de los países limítrofes, puedan ser propietarios de tierras o usufructuar inmuebles rurales.

Dejaba a cargo de los municipios realizar relevamiento e inventario de los inmuebles afectados por la ley y remitir un informe al Servicio Nacional de Catastro.

La exministra de Defensa Liz García de Arnold había manifestado que no se puede dejar en manos de las municipalidades el control de las fronteras y pidió que el proyecto sea rechazado.

La propuesta en su momento fue duramente cuestionada por estar supuestamente dirigida a los brasiguayos que ocupan una importante franja de tierra en la frontera con Brasil.

Posponen acuerdo para intervenir Yrybucuá

Por otro lado, la Cámara de Diputados volvió a posponer el tratamiento del pedido de acuerdo constitucional para intervenir la Municipalidad de Yrybucuá, departamento de San Pedro.

La Comuna es administrada por el liberal Alberto Chamorro y, según informe de auditoría practicada por la Contraloría General de la República, existiría un desvío de G. 2.000 millones de guaraníes de los fondos públicos, provenientes de los royalties, y que debían ser destinados a obras de infraestructura en la comunidad. El ente contralor verificó las gestiones de 2011 y 2012.

El presidente de la Junta Municipal del lugar, Huber Legal (PLRA), en su momento había manifestado que existe mucha preocupación de los pobladores ante la posibilidad de que el caso quede impune.

“Si eso ocurre, el jefe comunal continuará utilizando a su antojo el dinero público”, había manifestado.

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