Si no prospera una moción para postergar su estudio en el pleno, la Cámara Alta tratará hoy un proyecto de ley que equipara las 65.000 jubilaciones y pensiones abonadas por la Caja Fiscal con los sueldos del personal público. Del notorio desatino de la iniciativa da cuenta un estudio técnico del Ministerio de Hacienda, según el cual, en el primer año de su aplicación, sumaría unos 220 millones de dólares al déficit de 300 millones, ya presupuestado; como no prevé una fuente de recursos y el erario mal puede disponer de ingresos no incluidos en el Presupuesto nacional, su aprobación obligaría a “ajustar” los gastos que se creyeron necesarios. La descabellada idea es tan insostenible como ya resulta ahora la Caja Fiscal, tal como están las cosas.
El presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Alliana (ANR, cartista), prometió ayer que para el año que viene recortará el rubro de G. 7.500 millones que se proyecta destinar en cupos de combustible tras desvelarse el manejo discrecional que se le daba.
El presidente de la Comisión Permanente, Ariel Oviedo (ANR-disidente), finalmente ayer firmó la convocatoria para que la Cámara de Diputados sesione a las 11:00 y el Senado a las 15:00 para tratar el veto al Presupuesto General de la Nación 2017. En teoría, no figura la reelección.
El presidente Horacio Cartes no tuvo otra alternativa que remitir urgentemente a la Comisión Permanente del Congreso el Decreto N° 6574, donde dispone convocar a ambas cámaras del Congreso para tratar en sesiones extraordinarias la objeción total al Presupuesto General 2017.
Unos 70 gremios de la producción, la industria, el comercio, los servicios y el sector bancario coincidieron ayer en advertir acerca de las consecuencias de un eventual mal manejo del Presupuesto del 2016 en el Congreso. Solicitaron la aprobación del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo “a libro cerrado”, teniendo en cuenta el escenario internacional negativo.
Ante la consulta de qué se puede hacer para que esa franja de pobres de nuestro país tenga un mejor futuro, el presidente del Club de Ejecutivos del Paraguay, Javier Bernardes, afirmó que es “absolutamente impensable” hacer algo cuando 93 de cada 100 guaraníes del Presupuesto General de la Nación están destinados al pago de salarios de funcionarios públicos, y que solo 7 guaraníes queden para infraestructura, educación, salud, etc.