Esta semana la Contraloría General de la República remitió un reporte sobre indicios de hechos punibles que halló en la Industria Nacional del Cemento (INC) a la Fiscalía. Así, el órgano de control finalmente envió los informes que elaboró el año pasado y en los que hizo constar que descubrió un posible perjuicio patrimonial por G. 2.173 millones en INC, concretamente en el contrato del montaje del “ventilador tiro horno de Vallemí”, ejecutado durante la gestión de Ernesto Benítez.
El fiscal Leonardi Guerrero fue designado para asistir a la audiencia de este martes en la que se tiene que resolver si los acusados por un perjuicio de G. 6.000 millones al Estado van a juicio oral. Se maniobra para blanquear el caso.
Fuertes presiones desde el Jurado de Enjuiciamiento e incidentes dilatorios promovidos por defensores alargan el proceso por un perjuicio de G. 6.000 millones al Estado. La acusación se presentó hace un año y cuatro meses.
Para el martes está prevista la audiencia preliminar en la que el juez Tadeo Fernández tiene que resolver si los acusados José María Ruiz Díaz Benítez (médico) y Federico Gill Ramírez (abogado) afrontan o no juicio oral por un perjuicio de más de G. 4.000 millones al Ministerio de Salud.
La Contraloría General de la República (CGR) informó que en la administración del exintendente colorado Isabelino Silva se detectaron indicios de obras fantasmas y sin cumplir con las especificaciones técnicas. El perjuicio patrimonial contra la Comuna carapegüeña ascendería a unos G. 1.000 millones, específicamente en los rubros de royalties y del Fonacide.