La Cámara Baja tratará hoy dos proyectos de ley con intenciones opuestas, relativos a la duración de las causas y a la persecución penal de un hecho punible: uno, concebido por el diputado Derlis Rodríguez (ANR, cartista), tiende a favorecer la impunidad, y el otro, presentado por su colega Daniel Centurión (ANR, abdista), a dificultarla, declarando inclusive imprescriptibles los delitos cuando involucran a bienes del Estado. En cuanto a la propuesta del diputado Rodríguez, puede pensarse que se trata de favorecer a los procesados para presentar chicanas sistemáticas, aprovechando la acostumbrada morosidad judicial.
Hace una semana se iniciaron las auditorías a las salas de la Corte, por iniciativa del presidente José Raúl Torres Kirmser, quien además indicó que los resultados de la exasperante morosidad judicial serán dados a conocer a la ciudadanía.
En su informe de gestión de 2016, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Alicia Pucheta, menciona como un logro el combate a la morosidad judicial, pero es sabido que el alto tribunal es el principal responsable de la demora en los expedientes, sobre todo, cuando se trata de políticos a quienes no se les sanciona pese al carnaval de chicanas.
El plan de fuga abortado el jueves pasado tras el descubrimiento de un túnel debajo de la penitenciaría regional de Amambay, en Pedro Juan Caballero, puso en alerta a las autoridades tanto penitenciarias como policiales. Esto es por las deficiencias en los sistemas de seguridad que se detectan en las cárceles del interior del país. El hacinamiento de la población penal y la morosidad judicial son considerados las principales causas de este problema, desde la óptica del director de institutos penales, Artemio Vera.