Cargando...
Los políticos Víctor Bogado (ANR), José María Ibáñez (ANR), Enzo Cardozo (PLRA), Enrique Salyn Buzarquis (PLRA) y Rafael Filizzola (PDP) cerraron otro año de impunidad con la complicidad de la Corte, ya que todos los procesos por corrupción pública están varados allí.
Esta parte no se consigna, como era de esperarse, en el informe de gestión 2016 de Pucheta.
En un apartado se indica que existe un “combate frontal a la morosidad” y se realiza un recuento de todas las resoluciones dictadas por las salas constitucional, penal y civil.
Por ejemplo, en la Sala Constitucional, se desprende del informe, se registraron 1.840 acciones de enero a noviembre de 2016, y tuvo 927 fallos dictados.
En la Sala Civil se dictaron 845 fallos, en que se incluyen 787 que fueron Autos Interlocutorios, de los cuales 60 correspondieron a carta de naturalización y 17 a renuncia de nacionalidad. En cuanto a Acuerdos y Sentencia se dictaron 58, se precisa. El informe no menciona la producción de las salas Penal y Contencioso-administrativo.
De esas estadísticas, los políticos quedaron afuera y a esta altura la CSJ ya es cómplice de los dilatados procesos.
En todos los casos se chicanean las audiencias preliminares, donde se deben resolver pedidos de elevación a juicio oral del Ministerio Público. Esto, pese a que la Corte toma como “exitoso” que el año pasado se realizaron 1087 audiencias preliminares. Justamente, los más “controlados” son los jueces penales de garantías, pero a nadie parece importar que las dilaciones más importantes son cortesía de la Corte.
Los 27 inhibidos en Cajubi
Una muestra de la falta de interés en resolver causas emblemáticas se da con los 27 inhibidos en el caso Cajubi. La Corte cerró el 2016 con ese nuevo “ranking” de apartados. Sus nueve ministros se apartaron de entender las casaciones y acciones de inconstitucionalidad presentados por los 12 condenados por el vaciamiento de US$ 48 millones.