Aunque desde luego no sorprende, es curioso y muy sintomático que un sector del Partido Colorado salga a cuestionar amargamente un concurso para cubrir 220 vacancias en Itaipú, al punto de obtener un pedido de informes del Senado de la Nación, cuando el ahora presidente electo, Santiago Peña, de la misma corriente política, dijo abierta y desvergonzadamente durante su campaña que no valían los títulos ni los méritos para acceder a los cargos públicos, sino la afiliación a la ANR, tal como muy bien lo recordó en la sesión la senadora Desirée Masi. De hecho, se acaba de conocer que, por ejemplo, Óscar “Nenecho” Rodríguez, también perteneciente a esa facción, metió en la Intendencia de Asunción a más de 1.000 empleados sin ningún tipo de concurrencia en lo que va de su mandato. Estos son los hechos que demuestran incontestablemente la necesidad y urgencia de una profunda reforma de la función pública y del Estado en general.
El gremio de funcionarios públicos solicitó a la Cámara de Senadores la suspensión temporal del estudio de cualquier proyecto que pretenda modificar la Ley de la Función Pública sin la participación de representantes de sus respectivos sindicatos.
El viceministro de Agricultura, Nicasio Romero Fanego, fue designado el año pasado y viene cobrando sus haberes pese a estar inhabilitado por la Ley de la Función Pública, por ser jubilado. Si bien promovió una acción de inconstitucionalidad, la Corte hasta la fecha todavía no dictaminó.
La Cámara de Diputados trata esta tarde un proyecto de ley que pretende que los funcionarios del Congreso ya no se rijan por la Ley de la Función Pública, sino por sus propias reglas que serán diseñadas por el titular de turno.