El Congreso Nacional estudia el proyecto de ley que crea la Dirección Nacional de Catastro y Registros Públicos (Dinacare), por el cual el Poder Ejecutivo de la Nación busca controlar el negocio de los registros públicos de unos US$ 100 millones al año, traspasando incluso, de manera peligrosa, valiosos datos registrales a manos del sector privado.
La aprobación del proyecto de ley que crea la Dirección Nacional de Catastro y Registros Públicos (Dinacare) creará una nueva burocracia estatal, similar a la negligente Dirección Nacional del Registro Automotor, que lo único que busca es recaudar para el Ejecutivo en perjuicio directo de la actividad de compra-venta de inmuebles, sostienen los escribanos.