Ejecutivo quiere controlar negocio de los registros de US$ 100 millones

El Congreso Nacional estudia el proyecto de ley que crea la Dirección Nacional de Catastro y Registros Públicos (Dinacare), por el cual el Poder Ejecutivo de la Nación busca controlar el negocio de los registros públicos de unos US$ 100 millones al año, traspasando incluso, de manera peligrosa, valiosos datos registrales a manos del sector privado.

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El Colegio de Escribanos del Paraguay (CEP), presidido por la escribana Ana Manuela González, manifestó su profunda preocupación por el proyecto de ley que crea la Dinacare con una versión en la Cámara de Diputados y otra en la de Senadores.

Según la titular del CEP, dicho proyecto, que fue presentado a la Cámara Alta por el presidente de la República, Horacio Cartes, fue elaborado de manera totalmente inconsulta con quienes manejan realmente los registros públicos en nuestro país.

Asimismo, en el análisis del CEP sobre el proyecto en cuestión, se perciben peligrosos artículos que podrían ocasionar un caos jurídico y administrativo sobre los registros públicos.

Por ejemplo, en el Artículo 4º, son consideradas integrantes del Sinacare (Sistema Nacional de Catastro y de Registros Públicos) “todas aquellas instituciones públicas y privadas que por sus funciones administren inmuebles o datos relativos a los mismos”.

Esto permitiría que información de gran valor como las cuentas catastrales, sus titulares, dimensión de propiedades y otros datos registrales, puedan ser manejados por el sector privado en conjunto con el Poder Ejecutivo a sabiendas del elevado nivel de corrupción que existe en el sector público.

“Hoy día, ni siquiera el Colegio maneja esos datos que son exclusivos de los escribanos, sus clientes y la Dirección de Registro Público”, sostuvo la escribana González.

Se presume incluso que este articulado, ligado a una Asociación Público Privada (APP) impulsada desde el Ejecutivo, podría crear un engendro de impredecibles consecuencias para la seguridad jurídica de los bienes públicos y privados.

Control total

También es motivo de preocupación el Artículo Nº 74º que habla de la “designación de funcionarios” y dice que “los asesores técnicos, jurídicos, directores de Registros, jefes respectivos y demás funcionarios auxiliares de la Dirección General de los Registros Públicos (DGRP), serán nombrados por el director nacional de la Dinacare, a propuesta del director general de la DGRP”.

Es decir, que el director de la Dinacare (puesto por el Presidente de la República), tendrá la potestad absoluta de designar a las autoridades de la Dirección General de Registros Públicos (DGRP) sin ningún tipo de concurso de méritos y aptitudes.

Si actualmente, que existe obligación de concurso de méritos se contrata a “modelos sin títulos” con jugosos salarios, no nos imaginamos qué sería con esta ley.

Verdadero interés

Es importante señalar que la actividad registral o de registro de todo tipo de bienes, mueve anualmente alrededor de US$ 100 millones. Evidentemente que con la creación de la Dinacare, todo este flujo de dinero, que actualmente está repartido entre el Ministerio Público, el Ministerio de Justicia y la Corte Suprema de Justicia, pasaría a ser manejado exclusivamente por el Poder Ejecutivo, dejando incluso sin estos recursos a la Fiscalía y al Ministerio de Justicia, como también a la Corte en un lapso de cinco años, según el proyecto de ley que se encuentra en Diputados.

Otros US$ 100 millones

Asimismo, la aprobación del proyecto de ley de la Dinacare traerá consigo la aprobación de un préstamo aparentemente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por otros US$ 100 millones que supuestamente servirán para el funcionamiento de la nueva Dirección Nacional de Catastro y Registros Públicos.

Recordemos que anteriormente el BID ya había otorgado unos US$ 60 millones al Sistema Nacional de Catastro (SNC) que debía modernizar por completo el catastro nacional, cosa que no ocurrió.

Peligrosas lagunas y más tasas

En el proyecto de ley se observan también nuevas tasas que deberán ser trasladadas a los usuarios del sistema, tal como lo establece el Artículo 30º, con cobro de viáticos a discreción y el cobro por “archivo y conservación de Protocolos”.

Finalmente, se menciona el peligroso caos jurídico que podría acarrear la aprobación de esta ley, ya que a través del Artículo 241º se derogan leyes vitales como el Catastro Municipal, artículos de la Ley Orgánica Municipal, el Código Rural y otros sin que la propia ley de Dinacare contenga el marco adecuado para reemplazarlas.

mvelazquez@abc.com.py

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