juzgados

CIUDAD DEL ESTE. El intendente de Hernandarias, Nelson Cano, se reunió con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, César Manuel Diésel, para tratar el pedido de la vuelta de los juzgados al municipio, teniendo en cuenta que en agosto pasado se trasladaron a la capital del Alto Paraná. La lejanía dificulta a los ciudadanos realizar cualquier tipo de gestión.

El sistema penal en el departamento Central está colapsado debido a la cantidad de ingresos de causas, mientras no se tiene la cantidad de jueces, funcionarios judiciales e infraestructura física acordes a la demanda. Ante esto se tienen decenas de expedientes a punto de extinguirse o de prescribir, con lo que la Justicia no es rápida como se pretende y a veces ni tan siquiera se aplica.

Las autoridades municipales y lugareños rechazaron el traslado de los juzgados de Iruña a Naranjal, al sur de Alto Paraná. En un comunicado, las autoridades distritales de Iruña responsabilizaron a la ministra de la Corte Suprema Gladys Bareiro de Módica, quien es superintendenta de la VI Circunscripción Judicial de Alto Paraná, por el plan de traslado del juzgado penal de garantías y del juzgado civil y comercial.

La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de ley que plantea que los juzgados de justicia letrada continúen con estos expedientes hasta que los finiquiten. La norma propone la modificación de los artículos 4° y 5° de la Ley 6059/18, que modifica la Ley 879/81, del Código de Organización Judicial, y amplía las funciones de los juzgados de paz.

La Cámara de Senadores tiene previsto analizar hoy, en el penúltimo punto del orden del día de la sesión ordinaria, el proyecto de ley que crea juzgados especiales en la lucha contra el lavado de dinero.