El Poder Ejecutivo reglamentó los requisitos para el nombramiento de cónsules honorarios de países extranjeros en Paraguay. Entre otras exigencias, solicita que el candidato presente varios documentos, como antecedentes policiales y judiciales emitidos del lugar de residencia del propuesto. Años atrás se destaparon escándalos, como el “bello cónsul”. Es recordado el caso del cónsul honorario en Ginebra, Gustavo Gramont Berres (dictadura de Alfredo Stroessner, fallecido en 2006) que casi llevó al país a pagar una deuda de US$ 80 millones, hecho que se evitó tras un largo litigio judicial en Nueva York.
El Gobierno paraguayo pidió a la Corte Federal de Estados Unidos que desestime la demanda en su contra promovida por una empresa aseguradora italiana que le reclama una deuda de 85 millones de dólares contraída durante la dictadura de Alfredo Stroessner.
El Paraguay actualmente enfrenta en los tribunales de Washington, EE.UU., la demanda planteada por la aseguradora italiana SACE que reclama el pago de unos 80 millones de dólares por el caso Gustavo Gramont Berres que entre los años 1986 y 1987 contrajo irregularmente deudas en nombre del Estado Paraguayo. Paraguay contestó la demanda y el proceso sigue.
La deuda contraída por el argentino Gustavo Gramont Berres se remonta a los años 1986 y 1987. Fue designado por la dictadura del Gral. Alfredo Stroessner como “embajador itinerante” y cónsul honorario de Paraguay en Ginebra (Suiza). Con esos títulos bajo el brazo, gestionó en Ginebra en forma personal dos empréstitos internacionales para sus firmas Rosi SA y Lapachos de San Isidro SA.
La mayoría de los senadores rechazaron ayer la deuda de Gustavo Gramont Berres por ser inmoral e ilegítima, pero decidieron no integrar la comisión que le propone el Ejecutivo. Argumentaron que el Gobierno debe asumir este enorme desafío.
El pleno de la Corte Suprema proporcionó ayer al procurador general, Roberto Moreno, copias autenticadas de sentencias contra las deudas contraídas por Gustavo Gramont Berres en nombre del Gobierno paraguayo en el extranjero, que serán utilizadas como pruebas en la demanda que presentó la aseguradora SACE en Washington DC, por US$ 80 millones.