La permanente polémica instalada entre organizaciones de jubilados y el Instituto de Previsión Social (IPS) por las (mínimas) reformas que se están impulsando no tiene sentido y debería merecer por parte de los actores una honesta recapacitación. Es entendible la desconfianza y hacen muy bien esas organizaciones en mantenerse alertas y controlar, pero la principal preocupación de los jubilados y de los aportantes del IPS en general tendría que ser justamente la sostenibilidad financiera del Fondo de Jubilaciones y Pensiones, que se encuentra gravemente amenazada, porque de ello depende que puedan cobrar sus haberes en el tiempo. Lo peor que le podría pasar al IPS es que se hiciera la vista gorda y que no se tomaran medidas para intentar evitar caer al precipicio.
A pesar de que la propia Constitución Nacional establece que “Los recursos financieros de los seguros sociales no serán desviados de sus fines específicos y; estarán disponibles para este objetivo, sin perjuicio de las inversiones lucrativas que puedan acrecentar su patrimonio”, parecería ser que la reciente ley N° 7037/22 “Que Establece Medidas Administrativas para el financiamiento del programa de enfermedad y maternidad del Instituto de Previsión Social”, es un intento desesperado de captar fondos de donde sea, aun si ello significa atentar contra una disposición constitucional.
El precandidato a la Cámara de Diputados y exgerente de Prestaciones Económicas del Instituto de Previsión Social (IPS) Pedro Halley se presentó este jueves frente al Congreso Nacional para ejercer presión ciudadana, teniendo en cuenta que hoy podría tratarse sobre tablas el “bicicleteo” de la deuda de IPS. Advirtió que el “manotazo” que pretenden hacer de los fondos de la previsional podría perjudicar a los jubilados y que lo que dice el diputado Arnaldo Samaniego es “un ardid”.
La Coordinadora Nacional de Funcionarios Públicos Jubilados y Activos del Servicio Civil emitió ayer un comunicado para manifestar su rechazo al proyecto de ley que transfiere créditos presupuestarios a favor de la Justicia Electoral, por G. 50.000 millones (US$ 9 millones).
El Ministerio de Hacienda efectuará una revisión de las transferencias que se realizan al fondo de jubilaciones por los cargos vacantes que se tienen presupuestados, teniendo en cuenta que es una suma importante que podría ser utilizada en otros gastos, según dijo ayer el ministro Manuel Ferreira Brusquetti.