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El pronunciamiento señala que el proyecto de ley que está a consideración de la Cámara de Diputados es “ilegal”, porque pretende “utilizar recursos institucionales del fondo de jubilaciones y pensiones de los funcionarios y empleados públicos para transferir, vía presupuesto, al Tribunal Superior de Justicia Electoral”.
La referida coordinadora advierte que “los recursos que se pretenden transferir son partes de las reservas, excedentes superavitarios de los programas contributivos civiles (administración central, magistrados judiciales y docentes universitarios), que deben ser utilizados exclusivamente para los fines establecidos en la ley de organización administrativa del 22 de junio de 1909”, que prohíbe disponer de los fondos de jubilaciones o retardar su entrega para darle otra aplicación.
Proyecto El citado proyecto de ley estaba en el noveno punto del orden del día de la sesión de la víspera de la Cámara Baja, pero no se trató porque quedó sin quorum, por lo que quedaría para una próxima reunión.
Los diputados consultados señalaron que sólo se usará el crédito presupuestario y no los fondos jubilatorios, porque la ampliación se cubrirá con bonos.
De acuerdo al proyecto presentado, el Poder Ejecutivo solicita la transferencia de créditos, el cambio de fuente de financiamiento y organismo financiador, que asciende a la suma de G. 50.000 millones, en la fuente de financiamiento 10 recursos del tesoro y estará afectada al presupuesto 2017 de la Justicia Electoral.
Explica que el pedido de modificación contempla la disminución del gasto adquisición de títulos y valores, “monto que no será ejecutado dentro del ejercicio fiscal vigente, a los efectos de optimizar los créditos vigentes en el presupuesto a través de la modificación mencionada, asignando los mismos a la Justicia Electoral”.