El Tribunal de Sentencia, presidido por Blanca Gorostiaga e integrado por Manuel Aguirre y Lourdes Peña, rechazó ayer la homologación de los acuerdos arribados por los exdirectivos de la Coopemag con la liquidación del ente, actualmente en quiebra.
El juez penal de garantías Gustavo Amarilla procesó ayer a 28 personas que se desempeñaban como directivos y miembros de la Cooperativa Multiactiva de Ahorro, Crédito, Servicios, Consumo y Producción de Funcionarios del Ministerio de Agricultura y Ganadería (Coopemag), por lesión de confianza. Es a raíz de un supuesto desvío de G. 4.093.520.808, denunciada el 5 de setiembre de 2013 por representantes del Instituto Nacional de Cooperativismo (Incoop).
La Cámara de Senadores aprobó un proyecto de resolución por la cual solicita informes al Instituto Nacional de Cooperativismo (Incoop) sobre los documentos respaldatorios de gastos de intervención de la Cooperativa de Funcionarios del Ministerio de Agricultura y Ganadería (Coopemag).
La secretaria general del Sindicato de Funcionarios del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (Senave), Silvia Martínez, llegó a nuestra redacción para aclarar que ella no tiene relación alguna con el caso que la Justicia está investigando sobre las irregularidades de la Cooperativa de Funcionarios del Ministerio de Agricultura y Ganadería (Coopemag), tal como se publicó en la página 32 del pasado domingo.
La Coop. de Funcionarios del Ministerio de Agricultura y Ganadería (Coopemag) se ve obligada, tras los fuertes perjuicios financieros sufridos en manos de la directiva anterior liderada por el dirigente Luis A. Argüello, a rematar su sede social situada en Mariano Roque Alonso para recuperar cierto poder financiero y tratar de levantar de nuevo la entidad, informaron ayer directivos actuales.
Informes confidenciales de la intervención de Coopemag que ahora salen a la luz revelan que los destituidos directivos consiguieron en 2012, cuando ya las finanzas de la entidad estaban mal, un préstamo de G. 1.000 millones de Credicoop, a una tasa del 21% y un plazo de 18 meses. Ellos mismos se autoadjudicaron el dinero a intereses y plazos muchos menores, generando varias irregularidades en un solo acto.