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La caótica situación financiera de Coopemag había sido confirmada tras una intervención practicada el año pasado por el Instituto Nacional de Cooperativismo (Incoop), cuyos fiscalizadores hallaron una pérdida acumulada de nada menos que G. 14.518 millones (más de US$ 3,2 millones), por lo que se suspendió a los directivos de entonces y se convocó una asamblea para renovar autoridades, que se celebró el 7 de setiembre de 2013, y desde entonces la presidencia del Consejo de Administración está a cargo del socio Arturo Gastón.
Ahora el mismo Incoop ha ordenado por una reciente resolución, y como parte del proceso de recuperación de la entidad, que se proceda a la venta de los inmuebles que posee la cooperativa en Mariano Roque Alonso y en San Lorenzo, siendo ya aceptada la primera operación, tanto por la asamblea como por la directiva actual, informaron en una visita a nuestro diario el protesorero Ulises Núñez y la titular del Comité de Créditos, Natividad Britos.
Explicaron que se trata de la sede social de la entidad, que tiene un total de 13.000 metros cuadrados y posee amplias instalaciones deportivas, quinchos y camarines. El precio base fijado para el remate, que se hará en una fecha próxima a definirse, es de G. 6.500 millones, según las fuentes, que explicaron que el objetivo es destinar todo el dinero obtenido de esta futura venta a los fondos de préstamos, a fin de fortalecer las operaciones crediticias, recuperar la credibilidad hacia la cooperativa y reponer los servicios a favor de los socios.
Esta cooperativa, que es una de las más antiguas, con 57 años de vida, ha llegado a tener unos 4.000 socios, pero muchos se han retirado tras los daños causados por los directivos anteriores, que fueron denunciados ante la fiscalía por el propio Incoop.
En ese sentido, en setiembre pasado fueron echados de sus cargos, además del ya citado Argüello, los siguientes dirigentes: Secundino Zorrilla, Rodolfo Pavón, Darío Galván, César Darío Ortiz, María Magdalena Insfrán, Federico Ramón Núñez, Pedro Trinidad y David Gómez (Consejo de Administración) y Raimunda Navarro, Carolin C. Leguizamón, Francisca Lezcano de Colmán e Ingrid Bernal (Junta de Vigilancia).
“Se necesita una inyección de capital, y por la crisis que se ha tenido no podemos pedir créditos a otras cooperativas o centrales, con las que existen de hecho compromisos que se están pagando; por eso se va a vender la sede social”, remarcó Núñez, quien sostuvo que quieren garantizar “un procedimiento claro para la venta”.