J. EULOGIO ESTIGARRIBIA. La sociedad civil de la Colonia Bergthal, compuesta por mil socios productores de granos de esta ciudad, denunciaron que fueron estafados por unos US$ 2 millones en la adquisición de unas 1.132 hectáreas de tierras altamente productivas ubicadas en el km 228 de la Ruta PY02 que cruza por esta localidad. Los supuestos implicados de la mega estafa sería una mujer de nombre, María Ysabel Couchonal Dos Santos y la empresa Synagro S.A, de la cual formaba parte.
Tres inmuebles adquiridos por montos millonarios entre los años 1995 y 1996 por el Instituto Paraguayo del Indígena (Indi), durante la administración de Valentín Gamarra (que fue condenado), están judicializados. Otras personas también reclaman ser los legítimos propietarios.
Un nuevo grupo de indígenas, esta vez proveniente de Yasy Cañy, departamento de Canindeyú, llegó a la capital y acampa desde esta mañana frente a la sede del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi), sobre Artigas. Sus miembros reclaman la falta de compromiso de la institución en la resolución de compra de tierras, además de asistencia a las familias.
CAAGUAZÚ (Víctor Daniel Barrera Burgos, de nuestra redacción regional). Productores y supuestos invasores de tierras de la colonia Pindo’i, distrito de Tembiaporã, se unieron para reclamar al Gobierno el cumplimiento de un acuerdo firmado entre las partes el 23 de diciembre del año pasado, que incluye la compra de 350 hectáreas de tierras para los ocupantes de la propiedad.
VILLETA (Higinio R. Ruiz Díaz, corresponsal). Paul Hellmers, habló en defensa de la empresa /HS SA con relación a la compra de 77 hectáreas de terreno en la ribera del Río Paraguay por G. 774 millones, que equivale a G. 1.000 el m2, en una zona portuaria. La transacción se realizó en 2015, cuando la administración municipal era interinada por el concejal Carlos Giménez (ANR), debido a que el intendente Teodosio Gómez (PLRA) renunció para su reelección. “La compra se hizo en forma legal, la intendencia tasó el monto con el apoyo de la mayoría de la Junta Municipal y la cifra la consideramos legítima, porque gran parte del terreno es inundable y acondicionarlo cuesta millones”, expresó Hellmers. Manifestó que invirtieron en el lugar mucho dinero y ya funciona un amarradero, y lamentó el conflicto suscitado con la actual administración.
El Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) gestiona comprar unas 320 Ha de tierra por G. 15.000 millones, para ubicar ahí a campesinos de Pindo’i (Caaguazú), que en la actualidad ocupan parte de propiedades de colonos de origen brasileño y donde hay serios conflictos. Los campesinos argumentan que las tierras que ocupan los colonos son del Estado. En tanto, que estos habían exhibido títulos de sus tierras. A raíz de esa situación, los colonos habían salido con sus tractores a marchar en protesta por la Ruta 7 “Gaspar Rodríguez de Francia”.