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La comuna cuenta con una ordenanza que establece las escalas de precios y los terrenos urbanos están a G. 10.000 el m2, suburbano a G. 5.000 m2 y las zonas portuarias a G. 35.000 el m2, pero en este caso se vendió a tan solo G. 1.000 el m2. El perito del Ministerio Público dictaminó que hubo daño patrimonial de casi G. 11.000 millones con la venta realizada; sin embargo, la comuna reclama G. 27.000 millones por tratarse de zona portuaria.
La administración de Gómez denunció la venta del inmueble ante la fiscala Mirta Rivas, quien fue recusada y el caso pasó a la fiscalía de la ciudad de Itá, en donde el agente del Ministerio Público Humberto Houdín pidió la desestimación de la causa al juez Leonardo Ledezma de J. Augusto Saldívar. Sin embargo, el magistrado hizo trámite de oposición y el caso fue a la Fiscalía General Adjunta, a cargo del fiscal Ricardo Merlo, quien manifestó que verificará la carpeta en los próximos días.