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Tanto labriegos acusados de invadir la propiedad privada como los propietarios de los predios se reunieron frente a la sede del Poder Judicial de esta ciudad para exigir el cumplimiento de dicho acuerdo, que había sido firmado en este distrito tras una reunión entre el ministro de Agricultura y Ganadería (MAG), Denis Lichi; el presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Horacio Torres, representantes de los colonos descendientes de brasileños y los labriegos, que ahora ocupan las tierras.
Las partes habían acordado que el Gobierno gestione la compra de 350 hectáreas de tierra por un valor de US$ 8.000 por hectárea, que equivaldría a un monto total de US$ 2.800.000. Sin embargo, en un cambio radical de postura, el Estado ofrece solo la mitad del precio establecido, que ya es un monto menor al del mercado, según sostienen los dueños.
Uno de los representantes de los colonos, Leotir Popp, mencionó que las tierras ubicadas en Pindo’i son una de los mejores del país y su precio de mercado ronda los US$ 16.000 por hectárea, pero con el fin de lograr “la paz” con los labriegos ocupantes de tierras decidieron bajar a US$ 8.000 por hectárea. Indicó que el ministro Lichi y el titular del Indert, Horacio Torres, habían afirmado que el Estado solo puede pagar ese monto (US$ 8.000 /ha), por lo que decidieron ceder con el precio.
Añadió que en total son unas 1.000 hectáreas ocupadas por los campesinos y que la idea es que se los lleve a las 350 hectáreas ya que hoy ninguna de las partes puede trabajar por la falta de acción del Estado, indicó.
Para tener la opinión del sector estatal sobre el tema, llamamos en reiteradas ocasiones al celular (terminación 013) del presidente del Indert, Horacio Manuel Torres, pero no nos atendió.