cargo público

Una investigación periodística constató que una prima del ministro de Vivienda y Urbanismo, Juan Carlos Baruja, atendía una despensa en Paraguarí y a la vez cobraba 4.500.000 guaraníes mensuales como funcionaria de la Cámara de Diputados, el cómodo albergue de familiares cercanos de varios de sus miembros. Quizás su aporte al buen desempeño institucional era absolutamente innecesario, tanto como el de los 484 funcionarios del Poder Legislativo comisionados en 171 entidades públicas. El problema esencial de nuestra superpoblada administración pública radica en el incumplimiento liso y llano de las normativas: podrán ser mejoradas, sin duda, pero mientras persista el desapego impune a la legalidad, en vez de un concurso público de oposición, el patrocinio de un mandamás es condición necesaria y suficiente para ocupar un cargo público.