El fiasco del acueducto chaqueño, que entre 2012 y 2022 ha insumido más de 991.500 millones de guaraníes (130 millones de dólares), triplicando casi el costo inicial previsto, sigue insoluble en perjuicio del fisco y de los pobladores. Pese a la enorme suma invertida en él, se trata de un elefante blanco, fuera de servicio desde hace casi dos años, que no ha servido para enfrentar con éxito las crisis recurrentes que sufre el Chaco central debido a la insuficiencia de lluvias y de fuentes hídricas. Pasan los Gobiernos sin que se tomen medidas que reparen de una vez por todas las deficiencias de un proyecto mal concebido y peor ejecutado, ni que los responsables de las chapucerías sean penal o civilmente sancionados. La angustiosa situación anual de los damnificados requiere un pronto y definitivo remedio, para lo cual es imprescindible aplicar la ley penal y la de suministro y contrataciones públicas, para que los responsables del desastre vayan a parar a la cárcel.