Cargando...
A propósito de la reciente “carta compromiso” suscrita entre el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre (ANR, cartista) y la ONG Sound of Freedom, del actor mexicano Eduardo Verástegui, para promover acciones contra la trata de personas y el tráfico de órganos de niños y adolescentes, pareciera que la infancia paraguaya ha despertado el interés de protección de nuestros parlamentarios. Sin embargo, es bien sabido que para la prevención de cualquier hecho punible que involucre a niños y adolescentes, sea como víctimas o victimarios, las estrategias del Estado deben centrarse prioritariamente en la prevención, la cual se logra principalmente fortaleciendo la educación.
En la ocasión de la firma de dicha “carta compromiso”, escuchamos a Latorre decir que “los niños son el tesoro más valioso de la humanidad”, sin embargo, según el presupuesto asignado para el año 2025 al sector de educación, vemos que esa no es precisamente la prioridad para el Gobierno, ya que el MEC recibirá apenas un 7,4% de aumento, en comparación con otras entidades como la Presidencia de la República que se alza con un incremento del 40,4%, la Secretaría Nacional de Inteligencia con un 39,8% y, por supuesto, las Cámaras de Diputados y de Senadores con un jugoso aumento tras recortar hábilmente el presupuesto a otras instituciones, para poder autoasignarse privilegios como cupos de combustible, aumentos salariales entre otros. En cuanto al Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA), tiene un presupuesto de 16 millones de dólares, es decir, 0,09% del PIB.
Es decir, en ese momento, el sector cartista que votó en mayoría por el autoaumentazo no parecía preocuparse demasiado por el futuro de los niños y niñas en Paraguay, en contradicción con el discurso “políticamente correcto” expresado por el diputado Latorre al momento de celebrar la “carta compromiso”. Tampoco parecía preocuparse por el respeto a los derechos humanos al recortar el presupuesto de otras instituciones y redistribuir más de 5 millones de dólares a ambas cámaras del Congreso (ABC 29/10/2024). Paradójicamente, el presidente de los diputados celebraba este viernes la visita del director de una ONG denominada The Foundation of Human Rights (Fundación de Derechos Humanos), con quien adelantó que contraerá acuerdos de “inversión”.
Sin embargo, el actuar “políticamente incorrecto” demuestra que el porcentaje de inversión del PIB para el sector educativo apenas alcanza el 3,39%, que constituye una porción por debajo del promedio mundial de 3,7%. Por si fuera poco, la UNESCO recomienda incluso que la inversión en educación de los países en desarrollo sea cuando menos un 7% del PIB, lo que significa que el Gobierno de Santiago Peña destina menos de la mitad de lo aconsejable para países en desarrollo.
Respecto de la seguridad de los niños y niñas en Paraguay, el Ministerio de la Niñez sigue diciendo que trabajará en un proyecto de ley que establezca un protocolo de búsqueda de personas desaparecidas y la creación de un registro. Es decir, recién empezaría a establecer cuestiones básicas, con lo que demuestra que el Gobierno hasta ahora no cuenta con cifras reales de niños y jóvenes desaparecidos (ABC del 9 de diciembre de 2024). Según la Policía Nacional, a través del Departamento de Personas Desaparecidas se reportó un total de 904 niños y adolescentes desaparecidos durante el 2023, de los cuales 381 siguen “en investigación” (ABC 12 de junio de 2024). Durante la primera mitad del año pasado, la cifra de denuncias ascendía a 352 niños desaparecidos de los cuales 197 siguen “en investigación”. En cuanto a los casos más sonados, ni el Gobierno nacional ni la Justicia paraguaya han sabido responder dónde se encuentran Héctor y Juliette, el primero desaparecido en el 2018 con apenas 8 años de edad y la segunda desaparecida en el 2020 con apenas 7 años.
No podemos perder de vista los numerosos casos de abuso sexual en niños y niñas en Paraguay, país autodenominado por la clase política como “pro vida y pro familia”, ya que según los reportes oficiales del Ministerio Público, se recibe un promedio de 10 denuncias por día, sin mencionar las cifras negras de la criminalidad que supone hasta el triple de la cifra denunciada. El promedio anual de denuncias ha aumentado en los últimos años, llegando a superar las 3.400 denuncias de abuso sexual en el 2024.
Por lo tanto, si en verdad es de interés del Gobierno nacional la prevención de delitos y crímenes contra niños y adolescentes y la defensa de los derechos humanos, en especial hacia este sector, la tarea debe abocarse en el fortalecimiento de la educación de calidad, en el combate a las adicciones, en la lucha contra el crimen organizado con mayores inversiones en tecnología y en la consolidación de la Policía Nacional, en especial, el Departamento de Búsqueda y Localización de Personas que al decir del propio ministro de la Niñez, Walter Gutiérrez, ni siquiera cuenta con una base de datos y un registro nacional.
Mientras no sepamos dónde está Yuyú y dónde están los cientos de niños desaparecidos, mientras no sea asignado al sector educativo un presupuesto acorde al mínimo establecido para países en desarrollo, y mientras sigan aumentando los casos de abuso sexual en niños, no podemos decir que la niñez paraguaya es prioridad para este Gobierno. Esperemos que este llamativo interés de celebrar convenios con ONG no sea el inicio de una “canilla abierta” para el despilfarro de dinero público bajo la fachada de acuerdos con organizaciones internacionales “amigas”.