Brasil terminó cediendo un poco para llegar a un punto intermedio en la tarifa de Itaipú, que quedó fijada en 19,28 dólares el kilovatio/mes para 2024, 2025 y 2026, lo que arroja una diferencia anual de aproximadamente 1.300 millones de dólares por encima del costo básico de la central, a ser repartida en partes iguales, 650 millones para cada país, en forma de “fondos sociales”, durante tres años. El acuerdo puede ser beneficioso, toda vez que se cumplan dos condiciones: que no se constituya en un pretexto para postergar la restitución de los plenos derechos paraguayos en Itaipú, y que esos fondos no sigan siendo utilizados discrecionalmente como una enorme caja negra del poder de turno, sino que ingresen al Presupuesto nacional.
La creciente inseguridad interna indujo al Poder Ejecutivo –desbordado por la ola de violentos hechos punibles– a presentar un proyecto de ley de “Reforma y Modernización de la Policía Nacional (PN)”, que acaba de ser sancionado por el Congreso con la rápida aprobación de la Cámara de Diputados, gracias al voto colorado mayoritario. Fue consentido pese a que incluye normas que atentarían contra la letra y el espíritu del art. 175 de la Constitución, que encarga a la PN preservar el orden público, así como los derechos y la seguridad de las personas y de sus bienes, prevenir los delitos, ejecutar los mandatos de la autoridad competente e investigar los ilícitos, “bajo dirección judicial”. La iniciativa de tintes autoritarios otorga una gran autonomía a dicha institución, a costa de la libertad de la gente.
Como lo admitió el presidente de la Junta Municipal de Asunción, César Escobar (ANR, cartista), el intendente Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR, cartista) no responde a la pregunta sobre el destino de nada menos que 502.480 millones de guaraníes, ingresados en los años recientes mediante la emisión de bonos para construir obras. Es plausible saber que la Contraloría General de la República (CGR) ha solicitado por nota a la Municipalidad, entre otras cosas, el listado de bonos emitidos en los años 2022 y 2023, con la correspondiente lista de obras que debían ser realizadas con los mismos, su ejecución y saldos. Las respuestas a lo solicitado deberán estar acompañadas de los antecedentes que avalan la información requerida, en un plazo no mayor a diez días.
Aunque incompleto por no revelar el destino de 502.480 millones de guaraníes en bonos emitidos en los últimos años, que no aparecen en las trece cuentas bancarias municipales, el balance general del ejercicio 2023 presentado por el intendente Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR, cartista) basta para ilustrar que su administración aparenta una verdadera calamidad, a la que no está ajena la mayoría de los concejales. En efecto, se mostró muy eficiente al gastar 726.000 millones de guaraníes en sueldos y bonificaciones, equivalentes al 84,9% de la recaudación tributaria, pero no así en cuanto a las inversiones en obras, en las que ejecutó solo 81.000 millones de guaraníes, es decir, apenas el 12,9% de lo presupuestado.
El Centro de Empresarios del Transporte del Área Metropolitana (Cetrapam) anunció que desde el 20 de mayo ejercerá durante tres días su “derecho al paro” con el fin de exigir al Gobierno, entre otras cosas, el pago de los subsidios en tiempo y forma, así como la actualización de los coeficientes a ser atendidos para fijar la tarifa. Al mismo tiempo, comunicó al Viceministerio de Transporte la designación de cinco “negociadores”, es decir, pretende forzar una negociación mediante un miserable chantaje –cuando no–, convertido esta vez en un insólito “derecho”. Su descaro no tiene límites.