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Como lo admitió el presidente de la Junta Municipal de Asunción, César Escobar (ANR, cartista), el intendente Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR, cartista) no responde a la pregunta sobre el destino de nada menos que 502.480 millones de guaraníes, ingresados en los años recientes mediante la emisión de bonos para construir obras. El escandaloso misterio concuerda con que en 2023 se ejecutaron en tal concepto 81.000 millones de guaraníes, equivalentes a solo el 12,9% de lo presupuestado. Es plausible saber que la Contraloría General de la República (CGR) ha solicitado por nota a la Municipalidad, entre otras cosas, el listado de bonos emitidos en los años 2022 y 2023, con la correspondiente lista de obras que debían ser realizadas con los mismos, su ejecución y saldos. Pide además un extracto de las cuentas bancarias en las que fueron colocados los bonos. Las respuestas a lo solicitado, además, deberán estar acompañadas de los antecedentes que avalan la información requerida, en un plazo no mayor a diez días a partir de la fecha de la recepción de la nota.
De hecho, la CGR está facultada a controlar las actividades económicas y financieras de las municipalidades, supervisando, entre otras cosas, la ejecución y liquidación de sus Presupuestos, debiendo ellas entregarle los documentos y comprobantes necesarios para ejercer sus atribuciones. Además de inspeccionar su contabilidad, la CGR puede pedir informes al sector privado relacionados con ellas y debe denunciar a la Justicia y al Poder Ejecutivo todo delito que conozca en razón de sus funciones. Todo apunta a que el intendente tiene mucho que esconder y a que si aún no ha encontrado el modo de justificar cuantiosos gastos, por así llamarlos, es porque la Dirección de Contraloría Interna, a cargo de Myrian Concepción Paredes, estaría con “exceso de trabajo” para cubrir los agujeros a como dé lugar. El descomunal presunto faltante, según fuertes indicios, supondría uno de los mayores desvíos de fondos públicos de las últimas décadas.
Urge, pues, que la CGR ponga el mejor empeño para aclarar el hediondo asunto, como le obliga su ley orgánica: los asuncenos tienen derecho a saber a dónde fue a parar tanto dinero que debió haber sido destinado a mejorar la infraestructura de la ciudad, estropeada por la corrupción, la indolencia y la torpeza arraigadas en una Municipalidad vergonzosa. Nenecho tiene que ser obligado a cumplir con su deber de dar cuentas de hasta el último guaraní. Como es obvio, la Junta Municipal, donde una mayoría de concejales aparecen más como cómplices que como integrantes de un órgano legislativo independiente, no pedirá al Poder Ejecutivo que el Gobierno local sea intervenido, de modo que solo resta confiar en que un dictamen de la CGR que revele, si las hubiere, irregularidades en la ejecución del Presupuesto o en la administración de los bienes, induzca al presidente Santiago Peña a disponer la intervención, previo acuerdo de la Cámara de Diputados. Mientras no se conozca un informe en tal sentido, una seria duda seguirá existiendo sobre la gestión del jefe comunal.
Es intolerable que sobre el intendente de la capital del Paraguay ronde un denso manto de sospecha, que el voto mayoritario de la Junta Municipal no hizo más que ratificarla, pues aparentaría una connivencia de tintes delictuosos. Entretanto, habrá que preguntar cada día a Nenecho y a sus asociados dónde están los 502.480 millones de guaraníes, porque se necesitan cuentas bien claras.
Quienes ejercen cargos electivos municipales se deben a la ciudadanía que acudió a las urnas para que promuevan la calidad de vida de toda la población, pero al parecer en la capital paraguaya solo mejora la de las autoridades municipales y la de sus respectivas clientelas instaladas en el Presupuesto.
Es hora de acabar con tanto atropello a la moral, al derecho y al bienestar de la gente. La fiscalización que apunta a iniciarse debe contribuir a que ya no se crea que el Palacete Municipal se ha constituido en una cueva de continuos delitos impunes, y a que sus ocupantes aprendan que allí no se debe robar ni dejar robar. Es de desear que este nuevo escándalo sirva también para agitar la conciencia ciudadana en torno a la necesidad de resguardar el dinero público, prestando atención al manejo municipal y exigiendo, cuando corresponda, mediante manifestaciones públicas firmes y sostenidas, la intervención de los órganos competentes en lo que atañe al uso del dinero de todos.