A más de 4 años de espera, la Contraloría General de la República (CGR), emitió un informe parcial de la auditoría realizada a la administración del exgobernador y actual diputado José Domingo Adorno, correspondiente al 2019. Sin embargo, hasta la fecha no da el resultado sobre el uso de US$ 1.000.000, destinado ese año a la Gobernación de Alto Paraguay como ayuda de emergencia por la sequía.
La Contraloría General de la República asegura ahora que, al menos en los papeles, hay correspondencia en los bienes de la fiscala de Pedro Juan Caballero Katia Uemura. Armindo Torres, director de DD.JJ., dijo, sin embargo, que el análisis de los documentos no es vinculante para el Ministerio Público.
El informe de la Contraloría General de la República (CGR) da cuenta que la Municipalidad de este departamento chaqueño desembolso más de G. 780 millones en la construcción de lo que sería el estadio de fútbol. Según el municipio, la obra fue concluida en el ejercicio 2020 durante el mandato de la exintendenta Mirna Orrego, colorada cartista, sin embargo, una verificación de auditores de este órgano contralor realizada el año pasado, detectó que la obra se encuentra en estado de abandono.
La intendenta de Valenzuela (Cordillera), Mirtha Fernández (PLRA), sigue sin rendir cuentas a la Junta Municipal y esa situación fue comunicada al contralor general de la República, Camilo Benítez, mediante la resolución Nº 180/2024. Asimismo, piden que el ente contralor bloquee el envío de los recursos estatales para resguardar el dinero público, teniendo en cuenta que la jefa comunal está acusada por el Ministerio Público de lesión de confianza y asociación criminal porque supuestamente malversó G. 1.200 millones.
El organismo internacional Unops se queda con el 27% del monto total de cada proyecto por ser pasapapeles en los contratos que “bypasean” a la DNCP. Los millones de dólares salen de la Itaipú. En 12 meses ya se alzaron con US$ 7,4 millones en unos 35 contratos. Desde la Contraloría adelantaron fiscalizaciones. El MAG y las gobernaciones son los beneficiados en los acuerdos.
El contralor Camilo Benítez minimizó el ninguneo que hacen los municipios a las recomendaciones de la Contraloría General de la República (CGR) e indicó que se necesita de una nueva normativa que tenga como requisito principal que la institución haga una auditoría a las rendiciones de cuentas antes de ir al Tribunal de Cuentas y así evitar el “puenteo”.