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Hay una cuestión de suma importancia que no se está teniendo en cuenta en relación con los últimos acontecimientos en el ámbito político-institucional. En 2022 Paraguay se salvó por muy poco de entrar en la “lista gris” de países no cooperantes con la lucha internacional contra el lavado de activos y financiamiento al terrorismo, pero quedó oficialmente “bajo vigilancia” del Grupo de Acción Financiera Internacional Latinoamericana (Gafilat). Los hechos que han venido sucediendo guardan relación directa con los aspectos en observación y dejan al país en una posición muy comprometida en el marco del “seguimiento intensificado” al que está sometido, con potenciales graves consecuencias.
Entre esos hechos, hay tres particularmente relevantes. El primero es la alta preponderancia que tiene Horacio Cartes en el actual gobierno. Al margen de cualquier otra consideración, el punto es que quien detenta el verdadero poder en este momento en el país, quien es, además, presidente del Partido Colorado, a quien le responden sin cuestionamientos no solamente una mayoría de los principales exponentes de la política y de altos funcionarios de órganos institucionales, sino hasta el propio Presidente de la República, es una persona nada menos que “designada” por Estados Unidos, que lo considera “significativamente corrupto”, vinculado con actividades transnacionales ilícitas, y que establece sanciones a los que mantengan tratos con él.
El segundo hecho es que el detonante de la actual crisis es una venganza confesa por dos informes justamente sobre Horacio Cartes y precisamente vía Gafilat, remitidos por el Gobierno paraguayo durante la gestión de Mario Abdo Benítez. Uno es un pedido de antecedentes de HC solicitado por la Fiscalía de Panamá y canalizado a través de la red de recuperación de activos de la citada organización internacional y el otro es un reporte de inteligencia compartido, también a través de Gafilat, con la FinCEN, que es la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Curiosamente, el cartismo no ha cuestionado la veracidad de los mismos, sino el hecho de que se hayan filtrado, por lo cual movió sus hilos en el Ministerio Público y consiguió que dos fiscales les abrieran un proceso a Abdo Benítez y a otros funcionarios de su administración.
El tercer hecho es que el oficialismo, como burdo corolario de lo anterior, en una decisión sin precedentes no prevista en la Constitución, acaba de restituir inmunidad parlamentaria, entre otros, a Erico Galeno, un senador cartista procesado por lavado de dinero y asociación criminal en relación con el llamado operativo A Ultranza, que fue un megaprocedimiento antidrogas, el mayor realizado en Paraguay, en el que participaron agencias de seguridad e inteligencia de varios países, incluyendo la Drug Enforcement Administration (DEA), de Estados Unidos; la Europol, de la Unión Europea, y la Dirección General de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas, del Uruguay.
Cuando se realizó la evaluación-país en 2022 Paraguay había cumplido las exigencias en materia legislativa para no ser incluido en la “lista gris”, pero el problema era la implementación, que fue el motivo por el cual se le otorgó tiempo para demostrar en la práctica su compromiso de adecuación con las normas internacionales. El que el propio Congreso otorgue protección y obstruya el proceso penal a un imputado por lavado de dinero en un caso de semejante repercusión, y que ello sea impulsado y justificado desde las más altas instancias del poder, implica un retroceso enorme en los esfuerzos del país por ser tenido como miembro responsable y respetable de la comunidad de naciones.
Gafilat es el ala regional del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo intergubernamental con sede en París establecido en 1989 con el fin de fijar estándares y promover acciones, tanto regulatorias como operativas, para perseguir el crimen, el terrorismo y, últimamente, la proliferación de armas de destrucción masiva, a través del combate al lavado de dinero proveniente o destinado a financiar tales actividades.
Las evaluaciones conjuntas se realizan habitualmente cada diez años, por lo que no hay un riesgo inminente de volver a la lista gris por el momento, pero Paraguay es objeto de un examen anual en el que todas estas tendencias se verán reflejadas. Ser señalado por Gafilat no supone simplemente una mancha en la imagen del país, sino que puede tener serios efectos sobre la economía, con impacto en el sector privado, especialmente en el campo financiero, por la renuencia de bancos internacionales de actuar como corresponsales de sus pares paraguayos, con las consecuentes complicaciones en materia de comercio exterior, transferencias, remesas y cambio de divisas.
Además, todo esto definitivamente aleja al Paraguay de la posibilidad de elevar su calificación de riesgo y acceder al “grado de inversión”, no solamente para obtener mejores condiciones de financiamiento, sino para atraer capitales que contribuyan con el desarrollo nacional.