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El Gobierno nacional ha solucionado el lunes un problema puntual que se originó entre el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social y los médicos pasantes en áreas rurales, luego de la enérgica movilización de los afectados para poner en evidencia la injusta situación que venían soportando y que una propuesta gubernamental inclusive tendía a agravar. Si bien una segunda propuesta de las autoridades mejoró el salario propuesto al principio, el mismo se encuentra todavía lejos de lo que perciben los “nepobabies”, una casta de herederos y allegados de las altas autoridades, fundamentalmente legisladores, que ha venido copando, con altos salarios, los cargos públicos, y que, sobre todo en los últimos tiempos, han venido exhibiendo y alardeando sin pudor de sus dudosas conquistas laborales.
El acuerdo de marras no deja de ser importante, pero dentro de la calamitosa situación sanitaria que vive el país, es apenas una gota en el desierto, en medio de la corrupción, el derroche e indiferencia que imperan en el sector, para mal de nuestros compatriotas que muchas veces deben recurrir a hospitales públicos de países vecinos, donde comienzan a su vez a ser rechazados, salvo que paguen para ser atendidos. En general, la situación de la salud pública en nuestro país es catastrófica. Desde hace largos años, son múltiples y constantes las quejas de los pacientes y de sus familiares porque en los centros sanitarios mal conservados faltan medicamentos, insumos, equipos, ambulancias o especialistas. Las autoridades competentes no tienen el coraje de tomar las medidas de fondo requeridas para acabar con el suplicio, como si la vida y la integridad física del prójimo les importaran un bledo.
Como los ministros, los legisladores y los altos funcionarios pueden recurrir a hospitales o sanatorios privados, muchas veces a costa de los contribuyentes, no comparten las vivencias del común de la gente: son ajenos, por ejemplo, a la atroz experiencia de que trozos del cielo raso de la vetusta sede del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y del Ambiente (Ineram) caigan sobre la cama de una anciana yacente; a la de la gente que recurre a ayuda solidaria para buscar un tratamiento oncológico en el extranjero debido a las privaciones del Instituto Nacional del Cáncer (Incan), cuyos pacientes claman por costosos medicamentos que siempre faltan, o a la de enfermos que son atendidos en la deteriorada infraestructura del Hospital Nacional de Itauguá, que impresionó al presidente de la República, Santiago Peña, y a su esposa, Leticia Ocampos.
Si nuestras autoridades estuvieran aseguradas en el Instituto de Previsión Social (IPS), cuya deuda con los proveedores asciende a unos 800 millones de dólares, según Gerardo García, presidente de la Cámara de la Industria Química y Farmacéuticas del Paraguay, tendrían que seguir esperando unos cinco meses más si necesitaran alguno de los 39 medicamentos faltantes desde hace cuatro, pues habrá que tener un plan financiero antes de llamar a la licitación pública en la que no se formulen protestas. Si precisan una cirugía de ojos, ¡deben esperar turnos hasta el 2025!, pues faltan quirófanos, y para hacerse un examen de endoscopía, “apenas” unos ¡ocho meses!, pues hay 5.000 estudios pendientes.
Cuanto acontece a diario en la sanidad es un escándalo que clama al cielo, que requiere una intervención pronta y enérgica para acabar con la corruptela y la inutilidad que cuestan vidas. De hecho, el país se halla en un estado de emergencia sanitaria permanente a la que debe ponerse fin o por lo menos tratar de paliarlo.
Al asumir el cargo, el presidente Santiago Peña dijo: “En salud vamos a hacer las cosas bien. Una sala de terapia intensiva (...) puede ser el negociado de un mal Gobierno y la causa de desatención de las verdaderas necesidades de la gente, por el mal uso de los recursos. (...) Puesta a punto de la infraestructura y de los equipamientos de los centros de atención médica integral en cada distrito. Énfasis (...) en la atención oportuna de las dolencias. Basta de largas filas de espera, agendamientos interminables, equipamiento que no se usa por falta de insumos, de mantenimiento o de personal. En salud, los errores o negligencias se pagan con vidas. Por eso, no habrá una segunda oportunidad para los que fallen”.
Más de seis meses después de estos alentadores anuncios, nada indica que el Gobierno esté haciendo un buen trabajo, ya que el drama sanitario persiste. Las carencias y la ineficiencia continúan, la infraestructura y el equipamiento siguen siendo desastrosos, la obtención de un turno puede exigir semanas y hasta meses y la ausencia o la escasez de especialistas, de medicamentos o de ambulancias están, como siempre, a la orden del día. Más que palabras, se necesitan acciones que despierten al menos esperanzas en la gente.