Es deplorable que el traspaso en la jefatura del Gobierno de la República vaya a tener lugar en un clima político bastante enrarecido y no precisamente porque cierta novel organización política haya impugnado los resultados electorales. Lo que está ocurriendo es que desde el sector mayoritario de la ANR, al que pertenece el próximo presidente de la República, Santiago Peña, se están tomando iniciativas que dan motivos para temer que el cartismo aspira a ampliar su hegemonía, recurriendo desde ya a la denuncia penal y a la amenaza. Siendo así, hay buenos motivos para temer que los pasos dados en tal sentido se recrudezcan a partir del 15 de agosto, hasta terminar poniendo en riesgo la estabilidad institucional y las libertades constitucionales, es decir, la instalación de un autoritarismo más o menos disimulado. Es razonable presumir que, si incluso antes de que Santiago Peña asuma su alto cargo ya se han dado signos en tal sentido, los avances contra la convivencia democrática podrían ir aumentando, incluso ajustando cuentas con el pasado.
En efecto, resulta inquietante que el expresidente Horacio Cartes haya presentado el 31 de julio una denuncia penal genérica contra quienes, desde 2018, estarían perpetrando contra él varios hechos punibles que implicarían una persecución política, según el abogado patrocinante Pedro Ovelar. Esas personas innominadas se hallarían hoy “en ejercicio del poder político, funciones públicas y/o participación en la vida política nacional (sic)”, así que al Ministerio Público le espera un duro trabajo para identificar a los responsables en su calidad de autores, instigadores o cómplices, de la comisión de delitos tales como denuncia falsa, simulación de hechos punibles, persecución de inocentes, asociación criminal y usurpación de funciones públicas.
La pesquisa fiscal solicitada debería extenderse, pues, desde el actual presidente de la República, Mario Abdo Benítez, hasta todo ciudadano que alguna vez haya participado en unos comicios internos, generales o municipales: si en los últimos cinco años ejercieron su derecho a la libre expresión, criticando a ese hombre público que es el denunciante, habrían incurrido en un hecho punible. Por de pronto, el exasesor parlamentario Gerardo Soria ya fue expulsado de la ANR por haberse atrevido a censurarlo. Vale apuntar que el presidente electo ha tratado de desmarcarse del notorio enrarecimiento del clima político, tanto que ha dado su “voto de confianza” al fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, como si este necesitara el suyo, luego de que el prepotente diputado Yamil Esgaib (ANR, cartista) haya afirmado en la Cámara Baja que la máxima autoridad del Ministerio Público perdería su cargo cuando los legisladores lo quisieran, si no prosperara la denuncia penal formulada por el exjefe del Poder Ejecutivo.
Un dato importante es que el Ministerio Público ya no parece estar al servicio de Horacio Cartes, como era de presumir hasta no hace mucho. En efecto, está siendo investigado por agentes fiscales, con base en las gravísimas acusaciones formuladas el año pasado por el Gobierno estadounidense. No es insensato suponer que el poder político fáctico pueda ser mayor que el formal de Santiago Peña, si este no asumiera posturas claras en cuanto a respetar y hacer respetar las instituciones republicanas, entre las cuales también figuran el Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, dicho sea de paso.
La denuncia genérica de Horacio Cartes y las duras posiciones de algunos de sus partidarios nos llevan a pensar que la cuestión de fondo, al fin y al cabo, es que existe el peligro de que el presidente de la ANR socave el Estado de Derecho, para perseguir a sus adversarios y protegerse a sí mismo, tanto como a sus seguidores. Se ha generado una inquietud comprensible ante ciertas señales que apuntan en tal sentido. Hasta se habla de una reforma constitucional para permitir una reelección presidencial, frustrada en 2017 gracias a la movilización ciudadana, por haberse pretendido recurrir solo al mecanismo de la enmienda para el efecto. Los esfuerzos que realiza Santiago Peña por despegarse de quienes impulsan acciones preocupantes parecen insuficientes, y su figura aparece en ese cuadro como una manejada tras bambalinas.
El Estado no debe funcionar según ciertas ambiciones personales. Una frase de pésimo gusto, como la de la diputada Rocío Abed de Zacarías (ANR, cartista) al decir que enviaría a un “sicario” a sentarse junto a su colega Miguel Martínez (Cruzada Nacional), conocido adversario del famoso clan esteño, podría tomarse en serio, dada la tensión que reina en el ambiente. Es necesario reducirla, mediante el juego limpio y el sometimiento a la Constitución y a las leyes. Los ciudadanos interesados en el destino de la República del Paraguay deben estar atentos para impedir que tiempos oscuros se ciñan nuevamente sobre el cielo de nuestra patria.