El recurso habitual para prevenir la corrupción, que consiste en acentuar los controles internos aumentando los trámites administrativos, puede tener el efecto no querido de fomentar el soborno para que ellos concluyan con rapidez. Un remedio más radical –aplicado en nuestro país desde hace un par de décadas– es el de “tercerizar” la ejecución presupuestaria, recurriendo a las organizaciones no gubernamentales (ONG) o sin fines de lucro: hasta hoy, los resultados son decepcionantes, dados los contubernios entre ladrones de los sectores público y privado, incluso con la participación de prestanombres. Para concluir que el modelo está resultando inútil, basta con recordar los pozos de agua abiertos por encargo del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) y las malversaciones cometidas en el departamento Central, entre otros, durante la emergencia sanitaria.